La mafia golpea de nuevo

Cuando sólo han transcurrido pocos días del atentado perpetrado contra el juez Miguel Basil, que lleva a cabo la investigación de la organización mafiosa de contrabandistas, un sicario intentó matar a la esposa del diputado quincista por Cerro Largo, Gustavo Silveira. El representante colorado había adoptado una actitud pública de adhesión incondicional a la campaña desatada por el presidente Batlle contra el contrabando, lo que le había valido ser objeto de amenazas.

Estos dos últimos hechos se suman también al atentado a balazos contra la sede de la Dirección de Inteligencia en Montevideo, organismo que ha llevado a cabo las investigaciones en el ámbito policial, así como a las innumerables amenazas recibidas por otros legisladores, por el director de Aduanas y otras personalidades.

Obviamente, estas prácticas mafiosas no pueden provenir sino de organizaciones criminales de envergadura, de asociaciones ilícitas dedicadas al contrabando en gran escala, y no de los pequeños y miserables «contrabandistas de frontera», cuya actividad jamás significó un perjuicio de trascendencia para las arcas del fisco ni un peligro para la sociedad. Jamás cuando un «quilero» fue aprehendido por la Policía y procesado por el juez, se registró una amenaza ni menos un atentado como los que están teniendo lugar en estos días.

Se confirma, pues, que estamos en presencia de una red de delincuentes de alto vuelo que no vacilan en recurrir a métodos típicamente mafiosos. Es un hecho prácticamente sin precedentes en el país, y exige una acción decidida de las autoridades. La Policía y la Justicia deben trabajar sin pausa y en estrecha colaboración para lograr la mayor eficacia posible en esta lucha contra un tipo de delincuencia especialmente peligrosa, capaz de asociar desde delincuentes de cuello duro hasta marginales dispuestos a matar por dinero.

Además de las vidas humanas que hay que proteger, está en juego el prestigio del Estado y de las instituciones. Por eso hay que ir hasta el fondo, hasta desbaratar por completo la organización delictiva.

Es menester que el Estado –y la sociedad toda– den la respuesta firme que el crimen organizado merece. *