La inamovilidad de los funcionarios públicos no existe

HECTOR MORALES TECHERA

 

Al mejor estilo de los diarios y semanarios cavernícolas de la derecha, en la edición de Brecha del 2 de noviembre aparece una serie de notas firmadas por reconocidos periodistas y reportajes a algún legislador relativos a la inamovilidad de los funcionarios públicos. Si bien casi clandestinamente se aclara que sin reformar la normativa vigente se puede destituir a cualquier funcionario, a través de los copetes, de los títulos y de los subtítulos, se induce a los lectores a ver con envidia y odio irracional algunas de las garantías de estabilidad laboral que tienen «algunos» funcionarios.

Parecería que no les bastara a todos esos militantes de la desgracia, de izquierda y de derecha que agitan el fantasma inexistente de la inamovilidad, la terrible desocupación que asuela nuestro país. Se nota que quieren más despidos, ahora en la órbita estatal, y le mienten a la gente sobre el tema en cuestión, ya que la inamovilidad de los funcionarios públicos no existe. Es un mito creado por aquellos que en el pasado reciente y aún hoy utilizan los cargos como mecanismo de clientelismo político, y que ante el estrepitoso fracaso de la política económica que aplican, necesitan otro chivo expiatorio. En este caso, los funcionarios, para seguir engañando a los distraídos y perpetrarse en el poder. Ocultan que alrededor de cien funcionarios por año son destituidos.

En la Constitución se establecen tres causales de destitución del funcionario: la ineptitud, la omisión y el delito. Esto obedece a la necesidad de proteger al funcionariado de las vendetas políticas que se producían en cada cambio de gobierno, ya que el que venía despedía a los funcionarios que habían ingresado en el período del que salía. Pero estas garantías no amparan a los funcionarios contratados de la Administración Central ni a los de las empresas del Estado, o de los poderes Judicial y Legislativo ni de las Intendencias. Sólo existen para alrededor de 24 mil funcionarios de la Administración Central, con lo cual hay 226 mil que no están protegidos por dichas garantías.

En los últimos años se agregaron otros mecanismos (inconstitucionales) de destitución, como la supresión de cargos, por ejemplo. Por la vía de la mal llamada reforma del Estado, se despidió a once mil funcionarios, algunos en forma compulsiva y otros en forma «voluntaria» entre comillas. Otra práctica es la obligación de renunciar al cargo para acogerse a un seudobeneficio de subsidio transitorio por tres años, en caso de llegar a tener más de 60 inasistencias por cualquier enfermedad, ya que en casi todos los casos, el BPS no jubila a la gente, condenándola al hambre; y si logra curación, se encuentra con que no tiene más empleo. Y en el caso del contratado es peor, porque se le rescinde el contrato.

Lo que llama la atención es que mientras se quejan de la cantidad de funcionarios, por la ventana hacen ingresar a otros miles mediante jugosos contratos de obra, pagados también en miles de dólares. De esto no se habla porque los que ingresan son correligionarios, familiares y amigos, y de esto los cronistas de Brecha dicen muy poco o casi nada.

Podríamos hablar de nuestros acuerdos y desacuerdos con las opiniones de los compañeros sindicalistas o con los legisladores que opinaron al respecto. Pero sería incoherente ya que no se puede, ni se debe, opinar de algo que no existe. Y la inamovilidad de los funcionarios públicos no existe. *