Un Estado policíaco para defender la democracia

Para los uruguayos que vivimos la predictadura y los años de plomo subsiguientes, no es ninguna novedad el argumento de que para defender los valores democráticos de Occidente cualquier medio es válido, incluso el terrorismo de Estado.

Sabemos, porque aún padecemos las consecuencias de la doctrina de la seguridad nacional, que en rigor se aprovecha una determinada coyuntura de inestabilidad o de agitación social –rápidamente transformada en pretexto válido– para imponer un Estado policíaco a cuyo amparo se procede a llevar a cabo el verdadero y velado objetivo: la imposición de un modelo económico contrario a los intereses populares.

Al día siguiente del atentado terrorista contra las Torres Gemelas y el Pentágono, escribíamos: «Si hay un ganador, ése no es otro que la derecha recalcitrante; las acciones de ayer no operarán otro efecto que el de un acicate para los sectores conservadores belicosos y belicistas, a los que se les ha servido en bandeja una especie de justificación de por vida para todo tipo de tropelías disfrazadas de legítimas represalias».

Todo el despliegue bélico y los bombardeos implacables contra Afganistán confirmaron unos días después nuestra predicción. Y más aun: no han sido sólo las acciones puramente militares que se siguen llevando a cabo en el Medio Oriente. Es algo más grave: los atentados contra Nueva York y Washington actuaron como disparador de un serio retroceso en la convivencia democrática, pues todo Occidente parece participar de la doctrina que recomienda sacrificar las garantías individuales en el altar sagrado de la lucha contra el terrorismo.

Como acertadamente sostiene el filósofo francés Jean Baudrillard, citado por El País de Madrid: «Es el sistema mismo el que crea las condiciones objetivas de su retorsión brutal, ya que la mundialización liberal culmina en una mundialización policial…»

En ese mismo artículo a que hacemos referencia, se esboza la tesis de que «la lucha contra el terrorismo está sirviendo de legitimación de una serie de decisiones cuyo propósito principal es favorecer a los amigos personales y políticos. Y así, con el pretexto de relanzar la economía, Bush ha recompensado mediante desgravaciones fiscales a las empresas que fueron las principales financiadoras de su campaña electoral». Otro tanto puede decirse del gobierno laborista inglés, que autorizó a los representantes locales a aumentarse sus indemnizaciones, y nombró a quien fue uno de los financiadores del partido como presidente de la BBC.

Como se advierte, una innoble conmixtión de intereses económicos, de favoritismos y de militarización de la sociedad con la consiguiente regresión del Estado de Derecho. En este último aspecto, cabe señalar la ley antiterrorista recientemente aprobada por el Congreso de EEUU así como el proyecto que se discute en Francia por el cual se extreman las medidas de seguridad y los controles de que pueden ser objeto los ciudadanos.

Estamos asistiendo pues al entronizamiento de un Estado policíaco a cuyo amparo se llevan a cabo acciones propias del terrorismo de Estado. Como bien señala el artículo, el terrorismo de Estado se ha convertido en la única y suprema herramienta para combatir el terrorismo ordinario.

Hay que reconocer que, como paradoja, es impecable. So pretexto de defender la democracia y las libertades amenazadas por el terrorismo, se recurre a acciones y prácticas que suponen la conculcación de los derechos y garantías individuales. *