La IMM en la mira de la derecha

Desde que en febrero de 1990 el doctor Tabaré Vázquez asumió la titularidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, este organismo se ha convertido en el centro de las críticas y en el blanco predilecto de una artillería pesada comandada por los partidos tradicionales.

Las críticas y los obuses contra el gobierno municipal progresista se han visto incrementados notoriamente hacia el final del primer período del arquitecto Arana, coincidentemente con el aumento de la popularidad del jefe comunal. Es que los partidos tradicionales (y sobre todo el Partido Colorado, que sólo entre 1959 y 1963 se vio desplazado del Palacio Municipal) ven con alarma la aceptación manifestada por los vecinos hacia la forma de gobernar la ciudad que han impuesto las administraciones progresistas.

Las fuerzas conservadoras tal vez advierten que el crecimiento del caudal electoral del EP-FA se debe en gran medida a la tarea desplegada desde la Intendencia, y su estrategia consiste en bombardear implacablemente la acción del gobierno comunal con el fin de desprestigiar a la coalición de izquierdas, como último recurso para impedir el previsible triunfo electoral y el acceso al gobierno nacional de las fuerzas progresistas.

Tonto sería negar que ha habido yerros, y suponer que ya no los habrá, puesto que toda actitud u obra humana, por su intrínseca falibilidad, puede resultar equivocada. La gran virtud de los gobernantes municipales progresistas ha sido la de proceder a una saludable autocrítica que permite rectificar rumbos errados oyendo, además, la opinión de los vecinos que han logrado espacios de participación con que nunca antes habían contado. Y este no es un tema menor. Tener la posibilidad de plantear problemas, quejas y soluciones en un marco de respeto por todas las opiniones, ha sido uno de los mayores logros de las administraciones progresistas, una conquista que los vecinos valoran como es debido. Es que el gobierno comunal del EP-FA ha introducido una nueva forma de administrar la ciudad, de signo opuesto a lo que fueron los gobiernos tradicionales, para quienes la participación del ciudadano debía limitarse a emitir el voto cada cinco años.

Todo ello, unido a una acrisolada honradez y eficacia administrativa y a una notoria mejora de la calidad de vida de los montevideanos, explica la adhesión creciente de los vecinos de la capital al gobierno comunal del EP-FA.

Uno de los primeros torpedos lanzados fue contra la propuesta del doctor Vázquez de actualizar el Catastro y racionalizar así los aforos para la contribución inmobiliaria, de modo de lograr una cierta justicia tributaria; la mayoría conservadora hizo naufragar el intento en el Parlamento.

Tiempo después, fue el famoso cepo. Llegó incluso a formarse un movimiento de vecinos damnificados por las nuevas normas de estacionamiento, con un ‘espontaneísmo’ sabiamente utilizado por la derecha en su intento desestabilizador.

Más adelante, aparecieron problemas con el saneamiento: que si era tasa o impuesto y todo tipo de chicanas para entorpecer el financiamiento de una obra de enorme importancia para la salud de la población.

Y finalmente, hoy vuelve a irrumpir la guerra de las patentes.

Parece de toda lógica que quien circula diariamente por una ciudad y utiliza el pavimento, la señalización, los controles y toda la infraestructura necesaria, debe volcar su aporte en la Comuna que ha invertido en todas esas obras.

Por más que se reclame descentralización y autonomía, los departamentos en que está dividido nuestro territorio no son provincias o estados federados. Urge, entonces, hallar una solución a este problema de competencia entre municipios que en última instancia nos perjudica a todos.*