Los temas militares siguen siendo tabú

Mientras en nuestro país nos mantenemos en los parámetros celebrados por «Falta y Resto» en el último verano, el Senado argentino acaba de dar media sanción a un proyecto de ley que –por la importancia de los temas que aborda y el singular momento en que lo hace– tiene una alta significación para otros países, en particular de esta región latinoamericana: las Fuerzas Armadas no deben hacer inteligencia interna, no toda amenaza externa cae, automáticamente, en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional.

La decisión del Senado argentino importa porque al resolver de este modo, después de un debate público serio, se opuso a la pretensión del Poder Ejecutivo presidido por el doctor De la Rúa, que pretendía incorporar a la misión de las Fuerzas Armadas una expresión ambigua, al encomendarle el «análisis de potenciales amenazas».

Pese a los esfuerzos serios y constantes de algunos especialistas, como el general don Víctor Licandro, de alguna gente que desde el nivel académico o periodístico se ocupa del tema, la cuestión del papel de las Fuerzas Armadas uruguayas, en la hora de la guerra contra el talibán no ha sido encarado como debate público.

De acuerdo con un estilo que amenaza con cubrirlo todo, decisiones importantes fueron asumidas desde el Ministerio de Defensa Nacional, en medio de la mayor falta de debates y análisis políticos, institucionales, técnicos y económicos. Así van las cosas. Pasan en la práctica. La voz de los partidos no se hace oír, el Parlamento no debate, el oligopolio de la prensa propende a la docilidad ante la «voz del amo» que blande el hisopo y da órdenes que todos se apresuran a dar grandes muestras de acatar.

«Definir cualquier amenaza como objeto de la defensa nacional por el solo hecho de ser amenaza es volver a la Doctrina de la Defensa Nacional», ha dicho en estos días un legislador que impulsó la media sanción de la ley que estamos comentando.

En nuestro país no existe el riesgo de «volver» a la Doctrina de la Seguridad Nacional. No hemos salido.

En ese terreno, días pasados, el Semanario Bitácora publicó una nota sumamente interesante de Alejandro Pareja, quien ya en otras oportunidades había aportado reflexiones serias y agudas.

Del artículo, todo muy interesante, nos detenemos por razones obvias de espacio, en dos aspectos.

En primer lugar, el señor Alejandro Pareja reflexiona acerca del papel que desde el gobierno se suele asignar a personalidades de países que, según cree el gobierno, podrían servir de modelo a Uruguay, como ha ocurrido con gobernantes de Costa Rica, Nueva Zelanda e Irlanda.

Y se pregunta el articulista, ¿cómo están encarando el gasto militar y el gasto en salud y educación estos países que se nos proponen como modelo?

Tomando como base los datos que publica la Guía del Mundo, Pareja compara cuánto gasta cada país.

En Uruguay, el Ministerio de Defensa tiene 32 mil funcionarios. En Costa Rica, con más población que nosotros, son 7.500.

En Irlanda, con más población que Uruguay, son 13.000; y en Nueva Zelanda, también más poblada, los efectivos son apenas 9.900.

El gasto militar como porcentaje del gasto del gobierno central es 3,1 (en C. Rica), 3,3 (en Irlanda), 3,9 en N. Zelanda y es un 4,4 en Uruguay.

Pareja examina también la proporción del gasto militar con relación a lo que cada uno de los países analizados gasta en salud y educación.

En C. Rica, el gasto militar es el 5% de lo que se gasta en salud y educación, en Irlanda es el 12%, en N. Zelanda es el 16%. En Uruguay es el 38%.

El tema, como se ve, tiene interés. El analista no pretende que el alto porcentaje que insumen las fuerzas armadas en nuestro país sea la única razón de nuestras dificultades.

De todos modos es posible que, como las cifras sugieren, el gasto influya.

¿No valdría la pena incluir el tema en las agendas de discusión que nuestra sociedad tiene planteada? *