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Al fiscal Eduardo Fernández Dovat, quien en reciente vista postula por primera vez la tesis según la cual «el secreto profesional del periodista se encuentra por encima del principio de que los delitos no queden impunes».

Se trata de un paso más hacia la consagración definitiva de la jerarquización de los principios jurídicos, y en el caso, de un principio de enorme trascendencia en lo que a la libertad de prensa se refiere.

De la misma manera que existe el postulado  ya a esta altura universalmente reconocido  que establece que es preferible que un delicuente quede en libertad a que un inocente vaya a prisión, el fiscal Fernández ha sido claro en cuanto a que «es preferible que ciertos delitos queden impunes a que se oculten noticias a la sociedad».

El representante del Ministerio Público expresa de manera contundente: «el comunicador social tiene derecho a mantener en reserva el origen de la fuente de información», aunque con ello esté encubriendo al culpable de un ilícito, con lo cual queda consagrado el secreto profesional que resguarda a los periodistas. Si así no fuera, la sagrada misión de la prensa  ese cuarto poder esencial en un sistema democrático  de mantener alerta a la sociedad se vería seriamente dificultada.

Se trata, nada menos, que de la confirmación de una inestimable conquista muchas veces amenazada por la espada de Damocles de incurrir en encubrimiento.