Adecuar la legislación para los delitos de cuello duro

Nadie duda de que el derecho positivo es fiel reflejo de la ideología que se ha impuesto en la sociedad. La legislación vigente en un Estado en una determinada época responde a las pautas culturales, ideológicas y de conducta que en ese momento predominan en la clase dirigente. Y a medida que esas pautas van modificándose, las disposiciones legales van acompañando esas modificaciones.

El estudio de la ley penal permite –con un margen mínimo de error– inferir qué tipo de régimen político, social y económico impera en la sociedad. En efecto, una legislación que aumenta el rigor punitivo para la rapiña, por ejemplo, mientras habilita la creación de sociedades anónimas de fondos de inversión o dificulta el levantamiento del secreto bancario, está denotando sin lugar a duda alguna que el sistema de valores de la clase dominante considera mucho más peligroso al rapiñero que al ladrón de guante blanco, y que está dispuesta a tolerar comportamientos moralmente dudosos con tal de atraer capitales no importa cuán espurio sea su origen.

No debe asombrar que en un régimen capitalista se impongan severas penas al ladrón de gallinas y se sea indulgente con el estafador. Eso es norma aceptada. En cambio, lo que no debe admitirse es el lento pero irreversible proceso que va llevando a la legislación a ser cada vez más permisiva con maniobras que se sitúan en el límite de lo doloso y pueden considerarse francamente inmorales.

Es lógico que un rapiñero, cuya actividad delictiva puede tener consecuencias trágicas, sea percibido por la sociedad como más peligroso que un ejecutivo que vacía su empresa. No obstante, desde el punto de vista material, una maniobra financiera dolosa suele resultar infinitamente más perjudicial que una rapiña. Quiebras fraudulentas, vaciamiento de bancos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico son actividades que obviamente no ponen en riesgo la integridad física de nadie; el pequeño propietario no vive zozobra alguna en la medida que nadie le está apuntando con un revólver.

Piensa que en definitiva los ilícitos económicos le son totalmente ajenos en la medida que su patrimonio no parece afectado, sin advertir que es la sociedad toda la que sufrirá de un modo u otro las consecuencias de la acción delictiva.

En otros tiempos Uruguay –sin dejar de tener una legislación típica del sistema capitalista– exhibía una inequívoca vocación de castigar los delitos de guante blanco. Pero el afán por atraer inversores, capitales salvadores de nuestra economía, fue llevando a que prevalecieran mezquinos intereses por encima de valores arraigados de larga data.

El modelo neoliberal que está destruyendo el aparato productivo prioriza lo financiero y marca el camino de la reactivación proponiendo un proyecto de país muy diferente. Han decretado que el nuestro es un país de servicios y sueñan con convertirlo en un paraíso fiscal, un edén financiero, un nirvana para el blanqueo de dinero mal habido.

En este contexto, nada cuesta comprender que se mantenga al Poder Judicial sin recursos para investigar las denuncias de corrupción o las maniobras financieras delictivas. Cuando mantener el secreto bancario es más importante que la lucha contra el lavdo de capitales espurios porque el objetivo es brindar garantías a los inversores a cualquier precio, es preciso lanzar un llamado de alerta para que la sociedad tome conciencia del peligroso camino elegido. *