Cuestionamientos que deben ser aclarados

Cerrar todo tipo de investigación o, como se gusta decir en estos momentos, impedir el «revisionismo» en torno a lo ocurrido en el ámbito de la enseñanza durante el anterior período de gobierno, abre una serie de interrogantes que dejan no muy bien parados a los sectores políticos que propician tamaña medida.

Sin embargo también se manejan datos sobre la actual gestión. Por estos días el diputado forista Nahum Bergstein, contradiciendo informaciones provenientes del Tribunal de Cuentas, sostiene que los datos que tiene su sector respecto a los contratos de obra realizados por el Codicen difieren tanto en número como en forma. El legislador colorado afirma que dichos contratos son 141, mientras su colega el socialista Roque Arregui –que maneja la información aportada por el organismo de contralor– indica que los contratados por ese sistema son 588, por un valor de 4 millones de dólares.

Son tan diferentes las cifras, unas basadas en fuentes oficiales –las de Arregui– y las otras aparentemente también, del propio Codicen, que es adecuado que el tema se aclare hasta en sus últimos detalles. No es posible una diferencia tan importante, ni que se mantenga en vilo a los uruguayos con la desaparición de varios centenares de computadoras, valoradas en cifras importantes, sin que ninguna autoridad de la enseñanza explique –como debe ocurrir en toda sociedad organizada y democrática– el destino de cada una de estas máquinas, que habían sido adquiridas para distribuir en los centros de enseñanza.

Si por razones políticas algún sector, con el fin de limpiar su imagen, quiere evitar el revisionismo sobre ese pasado tan polémico como sobre este presente, es indudable que se está equivocando pues no es justo que en nuestro Uruguay, un país que vive una problemática tan aguda, haya funcionarios públicos que no cumplan con el deber de velar por los intereses de todos.

Pero si en el marco de una gestión se deslizan elementos que pudieran calificarse como maniobras corruptas, propias de malos funcionarios y/o jerarcas, es evidente que el Parlamento en su conjunto, con el fin de defender los valores esenciales de nuestra institucionalidad, debiera autorizar la formación de una comisión investigadora con el cometido de realizar un trabajo consciente y a fondo, para que luego sus conclusiones sean pasadas a la Justicia.

Malgastar los dineros de todos es un hecho grave, pero mucho más grave es realizar maniobras aparentemente irregulares, tratando de guarecerse en el marco de una cobertura de impunidad establecida por razones políticas. La corrupción en el marco de la democracia no es otra cosa que un delito y, obviamente, la mala administración también debe ser sancionada, pues nadie en este país está en condiciones de soportar lo que se afirma ha ocurrido durante la gestión de Germán Rama, como lo que está pasando actualmente, con la aparente dispendiosa e insólita contratación de funcionarios por una cifra –según lo afirma el Tribunal de Cuentas– que supera los 4 millones de dólares. Es necesario, sin ninguna clase de dudas, que cada detalle de estos temas sea plenamente aclarado. *