Corrupción: otro flagelo a combatir

Como en tantos otros aspectos, Uruguay se ubica en el medio de una tabla que califica a los países de acuerdo con las prácticas de corrupción. Con una puntuación de 5,1 sobre 10 y una ubicación en el 35º lugar, la ONG Transparencia Internacional nos considera como un país medianamente corrupto.

Si bien en el concierto latinoamericano el país puede jactarse de ser superado en honestidad sólo por Trinidad y Tobago y Chile, el hecho de exhibir menor número de conductas corruptas que Bolivia, México, Brasil y Argentina no nos otorga un certificado de cristalinidad; no es demasiado difícil tener menos casos de corrupción que estos países emblemáticos.

Sería de necios negar que los seres humanos son corruptibles; o como dijo alguien, todo hombre tiene su precio. En todo el orbe ha habido y hay casos de corrupción más o menos notorios, y Uruguay no ha sido una excepción. No obstante, parecería que el problema se ha ido agravando en el correr del último cuarto del siglo pasado, es decir que los casos de corrupción han aumentado y, sobre todo, que ya no se trata de la pequeña coima para acelerar un trámite en una oficina pública, sino que hemos asistido a escándalos graves que involucran a figuras importantes de la política.

Corromper es –según el diccionario– «echar a perder, depravar, dañar, podrir», y en sentido figurado, «sobornar a alguien con dádivas o de otra manera; pervertir o seducir a una persona».

Pero al revés de lo que ocurre en la naturaleza con la sustancia orgánica corrupta, que se convierte en abono y produce un efecto benéfico, cuando lo que se corrompe es la conciencia de un ser humano, los efectos materiales y morales de ese comportamiento son siempre desastrosos.

Una nada honrosa posición en el lugar 35 de un total de 91 países habla a las claras del retroceso verificado en el país en ámbitos diversos.

El miércoles pasado la Cámara de Diputados votó con presteza el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas. Sería saludable que el Parlamento exhibiera la misma diligencia para adecuar nuestra legislación a la lucha contra la corrupción, un flagelo tan dañino como el terrorismo. *