Derroche y nepotismo en Contratos de Obra

DOREEN JAVIER IBARRA

 

La temática de los Contratos de Obra y Servicio ha sido un asunto recurrente en el Uruguay en los últimos años. Las denuncias o informaciones que hemos logrado trasmitir a la población han sido suficientes para demostrar que estamos ante un hecho de gran importancia. Más aún, cuando el Presidente de la República, el equipo económico de gobierno y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del contador Ariel Davrieux, tiene como predicamento permanente el «achicamiento» del Estado.

Estamos entonces, ante una situación de derroche y malgasto exagerado de los dineros públicos.

Pero esto no es lo más grave, sino que los gastos que menciono corresponden solamente a una mínima parte de lo gastado por el Poder Ejecutivo. Los 183 millones de dólares de la nómina de proyectos, que me remitiera la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sólo alcanzan a los proyectos de la PNUD, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y de Diprode. En consecuencia, también los 27,5 millones de dólares erogados en el año 2000 son datos totalmente parciales.

No sabemos aún lo que ha acontecido con los Contratos de Obra y Servicios en los quince ministerios; tampoco tenemos información de los gastos realizados por dicho concepto en las diecinueve intendencias municipales de todo el país. Por lo que estimo que la mencionada suma de 183 millones de dólares, se incrementará sensiblemente, quizás se duplique o esté cercana a los 300 millones de dólares, en cuando a la suma de los proyectos totales, como también los 27,5 millones de dólares gastados en el año 2000 quizás estén cercanos a su duplicación.

El 1º de marzo de 2000 el Dr. Jorge Batlle se comprometió ante la Asamblea General y ante toda la población a ser transparente en la gestión de su gobierno y a facilitar una total información. En este caso ello no se ha cumplido, espero que rápidamente podamos enterarnos, quien escribe y la totalidad de los uruguayos que así lo deseen, de cuáles han sido las erogaciones por ese concepto.

Algunas de mis observaciones son:

–que para el cumplimiento de los proyectos del Estado debe habilitarse la posibilidad de que todo ciudadano pueda ser contratado; para ello presenté un proyecto de Ley en el cual se debe llamar a concurso público en los diarios de circulación nacional;

–no tengo dudas que muchísimos funcionarios públicos estarían en condiciones de trabajar en los proyectos, con el pago de una compensación especial, lo que abarataría los costos de los mismos;

–sin duda, en algunos casos existe «nepotismo» en la designación de las personas contratadas. Ha quedado comprobado que muchos ciudadanos se repiten, una y otra vez, en la plantilla de los proyectos, inclusive aparecen apellidos vinculados con el poder y con burócratas que dirigen distintos organismos;

–se deberán abatir rápidamente los gastos por Contrato de Obra y Servicios, porque es posible que los proyectos sean realizados por nuestros funcionarios y porque en un momento de crisis, falta de trabajo y de inversión pública, se deben disponer esos recursos para atender los problemas sociales y de empleo. Además, los que tendrán que pagar esas sumas fabulosas son los propios uruguayos, por erogaciones del Estado o por endeudamiento externo;

–recordemos que la inocua Reforma del Estado durante el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, insumió 149 millones de dólares y se prevé un nuevo préstamo para «modernizar el Estado», por aproximadamente 150 millones de dólares

Es obligación del Poder Ejecutivo controlar, fiscalizar y disminuir –con rapidez– estas erogaciones que el país no puede darse el lujo de solventar. *