Las injusticias del modelo

LA REPUBLICA informó de la reciente liberación de un joven que pasó tres meses recluido en el Comcar, procesado por un delito de rapiña que no cometió.

Es realmente un hecho doloroso, uno de esos acontecimientos que conmocionan a la opinión pública o por lo menos a los espíritus sensibles que suelen rebelarse contra las situaciones injustas. El caso del joven Gustavo Correa parece configurar un ejemplo clarísimo de errores judiciales (por suerte harto infrecuentes en nuestro país) que generan situaciones de profunda injusticia. Por lo general la sociedad suele alarmarse ante la situación inversa: cuando un individuo acusado de haber cometido cierto ilícito es dejado en libertad por el magistrado. Habitualmente, la decisión judicial se explica en razón de carecer de pruebas objetivas para su remisión a la cárcel, aunque no es imposible que algunas veces estemos en presencia de una falla del juez; otras veces, opera el principio de in dubbio pro reo, considerándose que es preferible que un culpable no sea castigado antes que un inocente sufra una pena.

Cabe preguntarse en qué medida los magistrados –seres humanos al fin– no se sienten presionados por la exigencia social de que no queden crímenes impunes, algo perfectamente natural y legítimo pero que puede llevar a peligrosos apresuramientos. Por desgracia, el auge de la violencia y de la actividad delictiva ha generado esa sensación de inseguridad percibida por la sociedad como uno de los problemas prioritarios. En esas circunstancias, la colectividad espera un mayor rigor punitivo y una mayor severidad de parte de los jueces, y sale a relucir entonces el anhelo expiatorio que anida en el alma humana.

De alguna manera, esa necesidad, esa urgencia de que no quede ni un solo culpable en libertad conspira contra principios consagrados en la Constitución, y es así como, imperceptiblemente, la conciencia colectiva tiende a eliminar la presunción de inocencia que debe primar para todo ciudadano, invirtiendo los términos hasta llegar a preferir que cualquier ciudadano sea considerado culpable a priori.

Pero las conclusiones de la peripecia vivida por Gustavo Correa no se agotan en los errores de la Justicia. La penosa experiencia del joven debería hacernos reflexionar sobre otra injusticia menos visible, más sutil que la prisión de un inocente y tan sublevante como ésta: un sistema social que tolera las iniquidades más ostensibles. Lo que le ocurrió al uruguayo Correa es absolutamente impensable que le suceda a un uruguayo perteneciente al sector privilegiado. ¿Alguien puede imaginar que un joven de un hogar acomodado, quede sin asistencia jurídica, por ejemplo?

El desamparo en que la sociedad es capaz de dejar a muchos de sus miembros en razón de su condición socio-económica queda patéticamente demostrado en este caso. Quienes no están en condiciones de contratar los servicios de un abogado deben recurrir al servicio de Defensoría de Oficio brindado por el Poder Judicial, y parecería que en este caso ha habido una clara falla del servicio por cuanto el procesado (ahora liberado luego de tres meses) no vio a su abogado ni jamás habló con él. Y no estamos hablando de marginales sino simplemente de trabajadores humildes.

El sistema (y conste que nos referimos al aspecto económico pero también al sistema de valores que el mundo globalizado nos impone) implica necesariamente una brutal desigualdad social y el paulatino abandono de toda asistencia de parte del Estado.

Cuando lo que se fomenta es la competitividad y el individualismo, no puede esperarse otro resultado.