La DGI y sus ineficiencias

¿Qué podemos hacer con la Dirección General Impositiva? ¿Para qué la reforma que proyecta el gobierno, creando una suerte de inspectores con sueldos de privilegio, si cada una de las decisiones son adoptadas con criterios políticos?

Para entrar en este tema es bueno explicarse. Este importante organismo, del que depende el cobro de los impuestos, siempre actuó sin establecer políticas de contexto que le permitieran hacer cumplir las leyes impositivas hasta sus últimas consecuencias. De acuerdo a lo que se sabe, los inspectores de ese organismo, de cuya tarea depende que se reduzca la evasión, no pueden actuar por sí mismos, ni tener líneas propias de investigación. Cuando llegan a sus oficinas, reciben en sobre serrado las órdenes de los jerarcas indicándoles cuál será su tarea del día.

¿Y ello por qué? Se afirma que ese es el método para evitar pequeñas corruptelas; aunque las más graves –tal como se ha comprobado– han correspondido a jerarcas que, increíblemente, comercializaron certificados «truchos» que las empresas que los adquirieron canjearon por valores a pagar. Este tema sigue pendiente, pues todavía no se ha llegado al fondo, apareciendo un día sí y otro también, algún ex jerarca de ese organismo que tiene explicaciones, siempre aceptadas, de por qué han ocurrido esas cosas y por qué su patrimonio no es el de una persona que cobraba no más de dos mil dólares mensuales de sueldo.

La conclusión de muchos que han analizado la deficiente tarea realizada por la DGI, es que ese organismo recaudador –al igual que muchos otros que funcionan en la órbita del Estado– tiene falencias que son producto de la «politiquería» nefasta de nuestra clase dirigente. Y el siguiente paso del análisis evidencia que el proyecto de reforma que plantea el gobierno, con un grupo de «elite» de inspectores bien remunerados, sólo servirá para que se reitere lo que hoy está ocurriendo.

¿Alguien puede pensar –si los criterios siguen siendo políticos y se mantienen las mismas formas de actuación, descontextualizando de la realidad la acción inspectiva– que la recaudación mejorará?

Obviamente que ello no ocurrirá por más que se tenga el grupo de inspectores mejor pagos, con un régimen «full time», que serían contratados por concurso y que no tendrían, como los demás funcionarios, la condición de inamovilidad.

Si no existe la voluntad política de que cada una de las decisiones inspectivas se adopten en un contexto de perseguir la evasión, investigándose las situaciones generales y también las particulares, todo lo planificado será un gasto inútil, sin que mejore en nada ese servicio. ¿Cómo es posible que los jerarcas, por su cuenta y entender, sean los que planifiquen la acción?

Además: ¿por qué la creación de este cuerpo inspectivo de «elite»? ¿Se entiende acaso que los actuales inspectores realizan una acción deficiente, o que tal vez se han verificado casos de corrupción?

Tanto la ineficiencia como la corrupción en una sociedad donde funcionan la justicia administrativa y la penal, no deben ser resortes del poder político. Si se ampara la ineficiencia y/o la corrupción, la responsabilidad es, ahí sí, de quienes por años han hecho «la vista gorda» y han dejado que la DGI sea otro ejemplo de lo que está mal.

Y ellos no son, justamente, los funcionarios. *