El proceso de deflación

La deflación que está comenzando a vivir la economía uruguaya, combinada con la caída del ingreso y el aumento de la desocupación, es otro de los efectos negativos de la política económica que el gobierno se obstina en seguir aplicando. Claro, es el resultado de la ecuación aplicada insistentemente con el objetivo de seguir esperando un milagro que lleve a la reactivación y, por consiguiente, a la felicidad de todos los uruguayos.

El gobierno ha logrado que la actividad se mantenga continuamente en retroceso; ya en alguna ocasión anterior hemos puesto el acento en algunas situaciones particulares tras las que –en cada una de ellas– hay hombres y mujeres que van rápidamente cayendo en la marginación que es, por fuerza, el paso siguiente de la desocupación.

En Uruguay no sólo se está destruyendo la riqueza y las posibilidades de un futuro desarrollo sostenido, sino también se está destruyendo –valga la reiteración– al capital humano, que es el más importante y el que, sin esperanzas, se traslada a los asentamientos, previo paso de un impactante achicamiento económico que, en todos los casos, lo coloca apenas sobreviviendo bajo los límites de la pobreza.

Están también los que se van del país. La mayoría jóvenes, generalmente con estudios hechos o con títulos que los califican, provenientes de familias de clase media que todavía no han ingresado en el infernal ciclo de la desocupación y la miseria.

El proceso de deterioro es brutal, sin embargo el gobierno se mantiene ajeno, jugando siempre sus expectativas a países vecinos, cuya situación es peor a la nuestra: Argentina, por ejemplo, está al borde de la total cesación de pagos en la que todavía no ha caído por los reiterados aportes realizados desde el exterior. Allí, el modelo neoliberal, impulsado desde siempre por el ministro de Economía Domingo Cavallo –que aquí es «admirado» por el gobierno–, se derrumba por todos los costados. La política de «déficit cero» que hace pocos meses se manejaba como la panacea, ya no funciona –tal como indicaran muchas voces sensatas–, siendo uno de los elementos que siguen multiplicando el déficit fiscal. Se rebajan los sueldos, cae el consumo y, como corolario, también se deteriora la recaudación.

No podemos olvidar editoriales de algunos analistas, con títulos logrados en universidades prestigiosas, concretamente Michele Santo, que reclamaron a nuestro gobierno la aplicación de medidas similares a las argentinas. Es bueno reiterar la magnitud de ese dislate, tan grave como el otro caballito de batalla que está de moda: la venta al mejor postor de las empresas públicas.

Reducir el Estado no significa vender las empresas que contribuyen con mayores cantidades de dólares a las escuálidas arcas del Tesoro Nacional. Reducir el Estado debería ser lograr la mayor eficiencia en todo proceso, abandonando prácticas tan negativas como los contratos de obra y servicio, sería modernizar tareas que hoy se cumplen dentro de oficinas mastodónicas. No se trata, obviamente, de reducir la cantidad de empleados, sino de estimular su eficiencia, puesto que hacer lo primero significaría hoy marginar a nuevos sectores de población.

El PBI cayó un 3,5% en 1999, el 1,3% en 2000, y no es de sabios vaticinar que este año también habrá retroceso. Este no es un dato de la realidad sólo atribuible a la coyuntura, como reitera el gobierno: es una situación acumulada durante años y años de aplicación de una política económica contraria a los mejores intereses del país. *