Los contratos de obra pública y la pérdida de credibilidad del sistema

El prolijo informe publicado por LA REPUBLICA en su edición de ayer sobre los contratos de obra revela de manera contundente cómo el gobierno –al tiempo que proclama la necesidad de achicar el Estado– mantiene una práctica que resulta particularmente irritante para la opinión pública.

Mientras desde tiendas neoliberales se destinan energías y ríos de tinta a combatir lo que consideran un Estado ‘gordo’, y apuntan sus baterías a denunciar el número global de funcionarios –que ellos consideran excesivo–, el régimen de ‘contratos de obra’ sigue viento en popa, gozando de buena salud, a pesar de que es percibido por la población como una de las erogaciones menos justificables, casi al mismo título que los gastos de la Cancillería o los viajes faraónicos de los gobernantes.

No obstante las buenas intenciones exhibidas por el presidente Batlle en el sentido de recortar esos gastos considerados superfluos, los contratos de obra mantienen su plena vigencia. Bueno es aclarar –al igual que en el caso de los llamados ‘pases en comisión’– que el sistema no es en sí perverso y que a veces es menester proceder a realizar ciertas contrataciones de especialistas para resolver determinados problemas coyunturales. Lo que está en tela de juicio es el posible abuso de la modalidad del contrato de obra en beneficio de algunos parientes o amigos de jerarcas del gobierno. Y fundamentalmente, lo que se cuestiona –más que la erogación que tales contratos significan– es lo abultado de algunas retribuciones (muchas de ellas pactadas en dólares) sobre todo si se las compara con los estipendios miserables que percibe mensualmente la enorme mayoría de los funcionarios.

No vamos a abundar en cifras que el lector ya conoce, pero vale la pena destacar algunas:

-el gasto que significaron para el erario las contrataciones en el año pasado se sitúa en los 28 millones de dólares.

-el total de contratos llegó a mil trescientos.

-los ajustes salariales excedieron largamente los porcentajes en que se ajustan los sueldos del resto del funcionariado.

No hace mucho, el doctor Batlle procedió a divulgar los sueldos que paga el Estado, haciendo hincapié en demostrar las brechas entre una y otra repartición así como entre los grados más bajos y los más altos del escalafón. Llama la atención entonces que el gobierno no haya tenido una actitud más cauta en el delicado asunto y no haya resuelto una reducción drástica de esta práctica; aunque más no fuera como forma de exhibir voluntad política en un asunto tan sensible para la población. Cuando se recortan gastos para organismos estatales de particular relevancia social –pensamos en Salud Pública, Enseñanza, Policía, Judiciales– sin ningún miramiento, resulta paradojal y especialmente irónico que se asignen abultadas retribuciones a personas que son percibidas como privilegiadas aunque muchas no lo sean. Son bromas que a la gente no le gustan.

A los ojos de la opinión pública estas prácticas aparecen como injusticias inexplicables que no hacen sino deteriorar aun más la imagen de la clase política, en momentos en que las encuestas de opinión revelan un peligroso descreimiento de la sociedad en las instituciones y en las personas elegidas para manejar la cosa pública. *