La injusticia al alcance de la mano

Escribe José Luis Sampayo Pírez

Después de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, manifestada en las urnas en noviembre pasado, quedó en la gente que compone los sectores sociales más humildes de la población una sensación de resignado desasosiego. Nos referimos a trabajadores, jubilados, pensionistas, desocupados o subocupados y explotados, que también muchos los hay en nuestro país. A la par de ello, también hubo una exteriorización de alegría muy manifiesta de parte de los sectores adeptos al concepto liberal triunfante. Basta leer aún hoy los editoriales o a los columnistas de Búsqueda, El Observador o El País, para comprender cuan estimulado es el nuevo gobierno a proseguir con la política económica que ha llegado a deshumanizar el sistema social, retrotraído a la época esclavista.

A todos ellos les sobran motivos. Los trabajadores vieron esfumarse la posibilidad de sentarse a una mesa de negociación frente a sus patrones y discutir un convenio obligatorio, aunque fuera por empresa, que no era lo más deseable. Hoy es nada. Hay mucha mano de obra, buena y barata. Las cámaras empresariales son desde ahora dueñas hasta de la media hora de descanso del trabajador. La medida tomada por Sanguinetti antes de irse significó un agradecimiento a las patronales muy similar al que Lacalle había dictado en enero de 1995, también antes de dejar la presidencia, mediante los decretos 39 y 43/95, por los cuales limitaba las aportaciones al sistema de seguridad social.

Pero ello es solamente una de las medidas a cuenta de más. El deterioro del valor del trabajo se establece con un solo ejemplo: 641.000 trabajadores civiles ganan hoy en el Uruguay menos de $ 3.500. Cuando la canasta familiar básica está establecida en $ 16.000 el 60% de esa población activa gana el 22% de lo que debería percibir.

Entre los jubilados y pensionistas 432.000 personas reciben también menos de esa cantidad y ellos representan al 74% de la totalidad de pasivos uruguayos.

Si sumamos los trabajadores y pasivos que reciben salarios y prestaciones indignas, más los desocupados que oscilan en los 165.000 estamos en 1:238.000 personas que viven en la indigencia o en sus límites y ya son demasiados en un país que tiene tres millones doscientos mil habitantes. No debemos dejar de lado que ese 38% de uruguayos que perciben retribuciones deprimidas son quienes sostienen a la inmensa mayoría del 62% restante y por lo tanto esta situación está denunciando una explosiva situación social que día a día potencia más el peligro de detonar.

Pero decíamos que quienes estimulan al gobierno también tienen razón. Los sectores que acumulan la mayor parte de la riqueza del país, sienten que la depresión económica también les castiga. Nadie vaya a pensar que pierden algo, simplemente ganan menos. Entonces, piden al gobierno que redoble las medidas que son habituales para que la crisis la pague el que menos tiene. Esto es la desregulación del sistema laboral profundizado hasta límites lindantes con la esclavitud y la liquidación del sistema de previsión social, ya llevado a cabo en una primera etapa, privatizando el mismo. En una segunda etapa sigue vigente la promesa de eliminar los aportes patronales, lo que significaría agudizar hasta límites insospechables el desfinanciamiento del BPS, de lo que nos ocuparemos en otra nota.

Esa prédica tiene una similitud con el «apartheid», o «el dominio de la raza por la raza». Los equilibrios sociales hoy no existen.

El capital gobierna, la herramienta humana es más descartable que nunca y las medidas tomadas o prometidas son auténticas penitencias.

Algunos legisladores piensan que la delincuencia es un pastito que crece en alguna plaza y que con mas policías, más cárceles, códigos duros, más represión y otras violencias todo se arregla. Les arriman un micrófono y hasta se ponen firmes. Y ese coro, compuesto por medios oficialistas y acólitos del poder, son los que aplauden a quienes han llevado al país a esta grave situación. Del aparato productivo, de la reactivación industrial, de la igualdad de oportunidades para los que no pueden ponerse en carrera para competir, de ellos nadie se acuerda. Seguiremos exportando hijos. Las injusticias sociales se pagan y a la larga también se terminan.

Un cambio de gobierno siempre trae una esperanza. Esta vez, esa esperanza se desvaneció antes del 1° de marzo y el 2005 está lejos aún.