Elecciones bajo sospecha en el Perú

Las noticias que llegan de Perú no hacen más que acrecentar la preocupación sobre lo que está pasando en ese gran país latinoamericano.

La inminente realización de elecciones nacionales, el próximo 9 de abril, en las que se plebiscitará una nueva reelección presidencial en beneficio del ingeniero Alberto Fujimori ha desencadenado una ola de atropellos sobre las todas las instituciones que exhiben algún grado de independencia del hermético cerrojo del poder encabezado por Fujimori y el jefe militar Vladimiro Montesinos.

En el campo de la prensa, en estos días se ha vivido una situación casi extrema con los ataques al decano de la prensa peruana, el diario «El Comercio» de Lima, amenazado por las maniobras del gobierno como represalia por haber denunciado la realización de un gigantesco fraude en el que falsificaron millones de firmas a favor de un esperpento político lanzado desde el gobierno «Perú 2000″.

La maniobra, destinada a respaldar la segunda reelección de Fujimori, consistió en instalar en distintos locales a cientos de falsificadores de firmas, algunos de los cuales ahora se han convertido en los testigos de la maniobra impulsada por el gobierno.

Los ataques a la prensa independiente son un capítulo del largo rosario de arbitrariedades y desbordes del gobierno, a justo título definido como cívico militar por los observadores políticos peruanos.

El régimen fujimorista, que controla prácticamente toda la televisión que se difunde en el país, practica una especial agresividad contra todos los candidatos y partidos que intentan diferenciarse del oficialismo reinante.

El clima, en lo que resta de prensa independiente, ha ido enrareciéndose al punto que el debate se realiza en un tono de confrontación violenta: la prensa oficialista es calificada como «televisión basura», «diarios mugre», «prensa amarilla» y el tono general del oficialismo parece hacerse legítimamente acreedor a esos pesados epítetos.

De todos modos la situación política se exaspera por el incesante protagonismo del Presidente, que usa y abusa de su magistratura para promover su reelección.

Se denuncia así la proliferación de inauguraciones, la propaganda de autoelogios y demás recursos conocidos.

A estas medidas habría que agregar una serie de actos demagógicos de neto cuño populista: aumentos de sueldos, condonación de deudas tributarias por decreto presidencial.

El régimen cívico militar presenta rasgos que tienen cierto parentesco con el régimen autoritario uruguayo que precedió al golpe del 27 de junio de 1973. De ahí que, en algunas oportunidades, se hablara del proceso de «bordaberrización» del sistema de gobierno peruano, donde las fuerzas armadas, encarnadas en el omnipotente Montesinos, constituyen el factor de poder esencial del sistema.

Como recuerda en su última edición la revista independiente «Caretas», no han faltado en las últimas semanas los pronunciamientos de personalidades u organismo internacionales que desenmascaran la situación.

Así, por ejemplo, Santiago Cantón, relator para la libertad de expresión de la OEA, señaló en un informe que «en el Perú no existen las condiciones necesarias para criticar al gobierno en los medios».

También un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) critica «las restricciones a la libertad de expresión en el Perú».

Finalmente, entre muchos otros, el informe de la Comisión de la OEA presidida por Eduardo Stein señala que «inequívocamente está comprometida la legitimidad del proceso electoral en el Perú».