La doctrina del ocultamiento o el miedo a la polémica

No es ésta la primera vez que nos ocupamos del tema. Cada vez que surge una denuncia sobre irregularidades en el manejo de la cosa pública y que la prensa no comprometida se encarga de sacarla a luz, nunca falta el coro de voces alarmadas poniendo el grito en el cielo y sugiriendo que lo mejor es que ese tipo de cosas no tome estado público. La idea es barrer bajo la alfombra o lavar los trapos sucios en la intimidad del hogar. El problema es que los «vecinos» a quienes se pretende ocultar las cosas feas, en este caso, serían nada menos que los integrantes del cuerpo social.

Tal lo ocurrido con los escándalos que involucraron a figuras del gobierno de Lacalle, o el de la licitación de la Playa de Contenedores, oportunidades en que más de un dirigente se lamentó de que la cosa hubiera tomado estado público, entendiendo que «mejor es no meneallo» y que las denuncias deben canalizarse en el más estricto silencio por la vía judicial y al amparo del secreto del presumario.

Se ha instalado una peligrosa corriente que tiende al ocultamiento de la realidad y que ve a la prensa independiente como a un enemigo temible. Con el pretexto de que no es aconsejable que la opinión pública se entere de los desaguisados cometidos por sus representantes, en razón de que ello genera alarma entre la población, se prefiere una supuesta tranquilidad a expensas de la democracia informativa. Se pretende sacrificar el derecho a la información en aras de la paz social, sin advertir que es mucho más saludable para el adecuado funcionamiento de un régimen democrático que la población conozca la realidad y vea cómo responde el sistema político-institucional ante las infracciones cometidas por los hombres públicos. Es ésta la única manera de fortalecer la credibilidad de la sociedad en sus instituciones.

Todo esto viene a cuento por un par de hechos. Uno de ellos es el conflicto que asoma en estos días entre el nuevo ministro de Educación y Cultura (nuevo aunque ya había ocupado el cargo bajo la administración Lacalle) y el Fiscal de Corte, administrativamente dependiente de esa secretaría de Estado, a raíz de declaraciones que este último realizó a la prensa y que el ministro consideró «poco mesuradas». El otro hecho se refiere a la disconformidad de las jerarquías policiales con el decreto que creó la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado; se llegó a sugerir que al hacer pública esa disconformidad, la Inteligencia policial había incurrido en desacato.

No es nuestra intención hoy adentrarnos en el fondo de estas cuestiones ni tomar partido por una posición u otra. Tal vez ello sea tema para próximas notas.

El propósito de esta nota es destacar el hecho de que en ambos episodios aparecen jerarcas estatales afiliados a la tesis del ocultamiento, temerosos de que ciertos problemas tomen estado público.

Respecto de las expresiones del Fiscal de Corte, el doctor Antonio Mercader dijo textualmente: «El Ministerio Público y particularmente el Fiscal de Corte deben ser muy mesurados en sus opiniones y salir poco a la luz pública«, y consideró inconveniente que se discutan públicamente los temas de la Fiscalía. Se trata, lisa y llanamente, de aplicar una mordaza a determinados funcionarios y de mantener su actividad rodeada de una caparazón que los oculta y los margina de la sociedad, como si los fiscales (y los jueces) no fuesen seres humanos sino simples robots programados para aplicar las leyes.

También el ministro de Defensa  refiriéndose a las críticas que el decreto de Sanguinetti despertó entre la oficialidad policial  se ocupó de señalar: «No me parece adecuado que se maneje este tipo de discusiones a través de los medios de comunicación porque no creo que sea bueno».

En resumen, dos botones de muestra del ocultamiento como doctrina.