En la ciudad capital sobran viviendas, lo que falta es empleo con salarios dignos
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En la ciudad de Montevideo hay 40.000 viviendas vacías. En los llamados asentamientos irregulares o precarios hay 28.000 familias que viven en un cuarto de pensión o inquilinato y 400 personas que simplemente duermen en la calle.
Esta situación no comenzará a revertirse hasta tanto el país no tenga una real política de vivienda y también otro modelo de país. Una verdadera opción por la producción y el salario antes que la especulación y la marginación.
Para esta opción tal vez haya que esperar otros cinco años. Por ahora parece ser más de lo mismo, aunque con mejor talante.
Mientras tanto ¿cuál parece ser la propuesta? ¿Dónde albergar ese 12 % de desocupados y ese 30 % de la población que está con sus necesidades básicas insatisfechas? ¿Dónde albergar a los que reciben la más dura consecuencia del neoliberalismo?
El gobierno central parece estar dispuesto a adquirir tierras y a fraccionarlas en lotes con servicios, para que los asentamientos «no se realicen en terrenos ajenos», ya que sobra tierra y falta gente.
No, no es así. Lo que sobra para resolver el problema de las 30.000 familias en los asentamientos son viviendas, lo que falta son empleos con salarios dignos. Los que abandonaron esas viviendas de la zona urbanizada por no poder pagar son los que están en los asentamientos precarios y también cuando la promiscuidad en los cuartos de alquiler «sin garantía» sea insoportable; también de allí, como lo hacen, se irán los asentamientos.
¿Qué puede hacer esta gente con magros recursos o simplemente sin recursos en un lote de servicios? ¿De dónde obtendrán el dinero para adquirir los materiales más elementales? Y si en algún momento pueden comprar, ante la pregunta del barraquero, acostumbrado a otros clientes, ¿tiene RUC? ¿Descuenta IVA? ¡¡Qué paradoja!! Los más pobres son los consumidores finales que nada pueden descontar. En este modelo hasta la piscina o «alberca» que complementa la mansión del que más tiene, casi seguro descuenta IVA como se descuenta cuando se almuerza o cena en los más caros restaurantes.
Pero en este modelo que privilegia el impuesto indirecto, los más pobres al hacer algo en ese lote con servicios, comprarán más caro.
En otras latitudes democráticas con capitalismo menos salvaje y sistema tributario más solidario se pueden implementar mejores políticas de vivienda. En nuestro país con que uno de cada diez uruguayos tributara en razón directa de lo que posee, seguramente habría menos asentamientos y la política no se basaría en lotes con servicios. Se harían viviendas.
Son en el Uruguay los trabajadores y jubilados los que aportan del descuento que se realiza en sus remuneraciones para el fondo de viviendas, no para lotes y servicios. ¿Cuánto dinero recaudó el gobierno central para viviendas desde 1968? ¿Cuánto se invirtió? ¿Adónde fueron esos fondos? El Estado podría disponer hoy de viviendas en zonas urbanizadas para dar respuesta a esta demanda si se hubiera gastado en lo que correspondía.
La IMM para integrar esos barrios periféricos que se generaron como consecuencia de los desaciertos del gobierno central tuvo que invertir U$S 250.000.000 en el Plan de Saneamiento III. ¿Seguiremos ampliando?
Catorce mil familias que viven en cuartos de alquiler y muchas de las que están en los asentamientos podrían alquilar una casita o departamento entre las 40.000 viviendas que están vacías en Montevideo
¿Quién les otorga la garantía exigida? Nadie.
En nuestro Parlamento duerme el sueño de los justos el proyecto de ley sobre garantía solidaria del Estado. ¿Están dispuestos los representantes de la coalición blanquicolorada a votarlo? Tal vez con medidas así, comenzaríamos a recorrer un mejor camino para resolver el problema de la vivienda, porque con lotes y servicios los que en realidad ganan son los que venden las tierras, en su mayoría baldíos rurales, y los que hacen la infraestructura mínima (que además descuentan IVA).
El país acaba de firmar con el BID un crédito de U$S 110.000.000 para implementar un plan de integración de asentamientos precarios. En Montevideo está el 80 % de esos asentamientos, sin embargo a Montevideo se le asignará el 27 % de estos recursos, o sea U$S 30.000.000 ¿Otra vez la discriminación?
Ha llegado la hora de revisar la derogación del artículo 121 de la Ley de Viviendas que marginó a las intendencias de opinar sobre la asignación de recursos y en particular a Montevideo desde 1991, en que esta derogación fue votada. La capital requiere más viviendas y menos lotes con servicios, que se utilicen las 40.000 viviendas vacías y no se extienda más la ciudad.
Los convenios que firmó la IMM con organizaciones sociales para reciclar viviendas en la zona urbana puede ser un modelo a seguir. Requiere recursos, recursos para vivienda.
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