Intransigencia gubernamental

CARLOS FERNANDEZ RAPETTI

 

Causa extrañeza la resistencia del Poder Ejecutivo y de la coalición política que lo apoya, a aceptar algunas de las medidas indispensables aconsejadas por los técnicos y políticos que no son de esa coalición, para comenzar a revertir la crisis que aqueja a la economía uruguaya y que hace que hoy su pueblo viva en la pobreza y la desocupación, con su agro, comercio e industria paralizados.

Cuesta creer que no hayan pensado en que los principios que rigen la actual política económica, que comenzó a aplicarse durante la dictadura y se ha mantenido y acentuado en los sucesivos gobiernos electos, ha demostrado que la situación económico-financiera del país es cada vez más difícil.

–Que no se hayan mirado en el espejo de los países vecinos como Argentina y otros que ya aplicaron a rajatabla las privatizaciones de las empresas públicas, que adquiridas por las empresas multinacionales han ocasionado desastrosos resultados.

Tampoco ha incidido en este aspecto lo resuelto por el plebiscito del año 1992 y se sigue tratando de hacer lo mismo con nuestras empresas públicas.

–Que a pesar de que grandes mayorías del pueblo, sus trabajadores, más de una veintena de cámaras empresariales, las organizaciones de jubilados y pensionistas, las cooperativas de vivienda, y entidades religiosas se han expresado contra esta política, el Poder Ejecutivo no ha dado muestras de querer modificarla y sigue aferrado a índices económicos fríos.

No se puede entender por qué no se han tomado –por ejemplo– algunas de las medidas propuestas, dada la claridad de los buenos resultados a obtener. Pasemos a detallar algunas de las más evidentemente necesarias:

a) Por qué no se ha convocado al Consejo Nacional de Economía, establecido hace más de treinta años en nuestra Constitución, para discutir en un organismo democrático el consenso necesario para emprender las grandes líneas económico-políticas que actualmente no se tienen, ya que seguimos mirando cómo actúan los países vecinos para después actuar en consecuencia.

Solamente estamos siguiendo lo que nos imponen los países desarrollados a través del FMI, el BM o la OMC, etc.

b) Por qué no se establece el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, ya implantado en nuestro país durante el gobierno del Partido Nacional y derogado por la dictadura. Este impuesto, así como el de Herencias, también derogado en ese período, rige en la totalidad de los países desarrollados, en la gran mayoría de los en desarrollo y en América sólo no existe en Uruguay y en Paraguay. Contra su establecimiento sólo se ha argumentado que «rendiría poco y que implicaría una doble imposición», «que no se quieren imponer más impuestos», como si no se supiera que durante este gobierno se han aprobado nueve nuevos impuestos y todos ellos han recaído sobre las clases populares.

Este impuesto sólo gravaría a personas con altos ingresos, que actualmente no pagan por ellos y no afectaría a los bajos ingresos. En pocas y repetidas palabras: pagan los que ganan mucho y no pagan los que ganan poco. Es el impuesto más justo, dentro de un buen sistema fiscal.

c) Qué razones hay para no aumentar los aranceles externos al Mercosur (como lo han hecho Argentina y Brasil) para defender la producción nacional frente a productos fabricados generalmente por multinacionales la mayoría de las veces con proteccionismo, y en algunos casos con mano de obra infantil, o en otros –como ocurre en algunos países asiáticos– con mano de obra «cuasi esclava».

Pueden dejarse exentos de impuesto –si se considera conveniente– los bienes de capital, de producción o medicamentos, etcétera. Pero se deben gravar los bienes suntuarios con la tasa máxima permitida por la OMC. Del 35%.

Por qué no aceptar la implantación de «cupos de importación», extra Mercosur a los productos de consumo que sean competidores de la industria o el agro, o se trate de bienes suntuarios, mecanismo que ya existió en nuestro país.

d) Ante este panorama de crisis por estancamiento, el estado no utiliza parte de las reservas –sin duda para estos casos extremos están– en obras públicas que darán trabajo, dinamizarán el mercado interno, generarán menor desocupación, mayor recaudación fiscal, menos quiebras y concordatos, menor delincuencia y menos cierres de comercios e industrias.

Con una agresiva política del sector público y del sector privado en la industria de la construcción, se lograría dinamizar varios sectores y permitiría ir solucionando el déficit de viviendas y en parte el problema de los asentamientos. Para ello dispone también de alrededor de 200 millones de los aportes de los jubilados que aún permanecen sin invertir.

e) Por qué causa se ha propuesto invertir los fondos de los jubilados en las AFAPs (actualmente más de 900 millones de dólares) en papeles del exterior, cuando deberían ser invertidos solamente en el país.

f) Por qué no se rebajan los impuestos que gravan los sueldos y jubilaciones (IRP), el nuevo (Cofis) y algunos puntos del IVA, para abaratar los productos de consumo popular, así como el Imaba para rebajar los combustibles.

g) Por qué no se establecen subsidios a determinados sectores, aduciendo que sería antidemocrático hacerlo, pretendiendo que se ignore que se ha protegido al sistema financiero, a los grandes hoteles y a la forestación.

Resumiendo: se mantienen obstinadamente los pilares de esta política económica, basada en que todo funciona en virtud del mercado que todo lo resuelve y sobre el cual no hay que intervenir.

Se supone erróneamente que así se obtendrá un equilibrio económico que permita obtener una economía sin déficit fiscal, que lejos estamos de ello, ya que el actual déficit es de $ 9.231 millones y representa el 3.8 del Producto Bruto Interno (PBI) en medio de una economía en agudo estado de crisis y que según el ministro es «insostenible y genera un endeudamiento que está más allá de las posibilidades de pago –de mantenerse– de la economía uruguaya.

Todo esto en aras de hacer buena letra con los organismos internacionales y los inversores, que no han venido ni vendrán, porque por mantener esta política, ya hemos perdido la famosa calificación (investiment grade), que nos califica ahora de «negativos» en el riesgo de inversión. *