Liceo del Cerro: una decisión acertada

Más allá de todo aspecto estrictamente jurídico, parece claro que el fallo del juez penal Juan Carlos Contarín respecto de la denuncia formulada por las autoridades de Enseñanza Secundaria solicitando el desalojo del Liceo Nº 11 constituye todo un acierto.

No corresponde que nos adentremos en los vericuetos de la legislación penal para analizar los argumentos que llevaron al magistrado a desestimar la denuncia y a reafirmar que los jóvenes que ocupaban el local liceal estaban ejerciendo un derecho constitucional y por tanto su conducta no era pasible de sanción alguna.

Corresponde sí valorar la resolución judicial en cuanto ella permitió una «salida» acertada a la crisis que se había planteado. Fue la mejor forma de resolver una situación espinosa en la medida que promovió una solución pacífica al no introducir nuevos elementos irritantes, como bien puede suponerse que lo habría sido una orden judicial de desalojo. Fue, en definitiva, la respuesta sensata que dio el poder a una forma de expresión que –si bien puede ser cuestionada por ir un poco más allá de lo tradicionalmente admitido– en ningún momento exhibió características violentas o agresivas pues los jóvenes ocupantes observaron en todo momento un comportamiento respetuoso y de una madurez singular.

Sin duda la ocupación del Liceo Nº 11 del Cerro se distinguió por su carácter pacífico, y sus protagonistas exhibieron una especial disposición al diálogo. Son hechos que merecen destacarse para contrarrestar las voces altisonantes de la mentalidad conservadora que ve en los jóvenes rebeldes a peligrosos delincuentes. Para esa óptica recalcitrante, los estudiantes en particular y los jóvenes en general encierran en sí, por el mero hecho de serlo, una suerte de germen maligno. Tal es la visión de este tipo de hechos que obnubila al matutino El País, visión que –como no podría ser de otro modo– lo vuelve partidario de las soluciones punitivas; castigar la «inconducta» juvenil sin importar que ese castigo se convierta en un nuevo elemento de enfrentamiento y que se aleje así definitivamente toda posibilidad de hallar una buena solución al conflicto. Así se pronuncia en su editorial del domingo 19, en que la emprende contra el magistrado reprochándole «esgrimir la libertad de expresión para vestir su decisión con ropajes jurídicos».

Ese editorial que comentamos –titulado sugestivamente ‘Vázquez y el juez: concurso de macanas’– vincula el fallo de Contarín con lo expresado por Tabaré Vázquez respecto de la manifestación del pasado 14 de agosto –demostración que el matutino califica de «agresiva» y cataloga como «escrache»–, cuando se pintaron consignas transgresoras sobre las paredes del Palacio de las Leyes; el comentario de Vázquez –que tanto alarma a El País– fue: «Hay agresiones peores; un mármol se lava». Obviamente, el líder del Encuentro Progresista hacía referencia a otro tipo de agresiones que sufre no precisamente el revestimiento marmóreo del edificio que alberga al Poder Legislativo –la cáscara, en definitiva– sino la propia institución, cuando algunos de sus miembros se comportan irresponsablemente y recurren a prácticas desprestigiantes.

Los estudiantes que dejaron sus graffiti sobre los «venerables» mármoles merecen la más dura condena del matutino que los califica de agitadores, violentos, irrespetuosos y descontrolados.

Sin que ello implique justificación alguna ni menos un elogio de los hechos protagonizados por los manifestantes en la demostración del 14, entendemos que es infinitamente más grave el desprestigio que sufren las instituciones a los ojos de la opinión pública, desprestigio del que los graffiti no son responsables. *