Vigencia de las conclusiones de la Conferencia de Puebla

En nuestras dos últimas notas hemos sostenido que el liberalismo económico persigue el incontrolable objetivo de que los seres humanos estén al servicio de la economía y no a la inversa. Ello equivale a un accionar ilimitado y sin obligaciones sociales correspondientes, lo cual –llevado al campo de los valores morales– asegura un total conflicto con los mismos. No lo dice quien escribe; ya hemos consignado que hace más de un siglo la Iglesia Católica se ha manifestado reprobando los abusos del liberalismo económico, en especial sus versiones más ortodoxas, que en el pasado reciente supieron aprovechar el totalitarismo de las dictaduras de los setenta, para expandirse con más profundidad en el campo social, cultural y político de América.

Por ello en plena etapa dictatorial, en el año 1979, la Iglesia Latinoamericana se reunía en la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, un seminario que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, México. Aquella reunión –de primerísimo nivel–, fue preparada por el Celam (Consejo Episcopal Latinoamericano) y contó con la presencia del entonces novel papa Juan Pablo II, en uno de sus primeros actos pontificios. La primera Conferencia se realizó en 1955 en Río de Janeiro, y años más tarde –con la fuerza renovadora del Concilio Vaticano II tras de sí– se llevó a cabo en 1968 la segunda conferencia en la ciudad colombiana de Medellín.

Estas reuniones perseguían para la Iglesia Católica el objetivo de ir adquiriendo «una conciencia cada vez más clara y más profunda de que la evangelización es su misión fundamental y de que no es posible su cumplimiento sin un esfuerzo permanente de conocimiento de la realidad y de adaptación dinámica y convincente del mensaje a los hombres de hoy«.

Era y fue un colosal acto para profundizar la visión del mundo católico, conocer –y transmitir– tanto las situaciones como las aspiraciones del hombre latinoamericano. Tremenda tarea sin duda. Las conclusiones de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano versaron sobre infinidad de temas y problemas de la sociedad latinoamericana. Nada quedó fuera de la lente y, como era de esperar, tampoco el análisis económico político. Para aquellos que sostienen –por ejemplo– que el liberalismo económico prospera solamente bajo la libertad política, desde Puebla la Iglesia de América lo desmiente tajantemente. Así fue entonces que con Juan Pablo II a su cabeza, esa III Conferencia concluyó en que la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional es, de hecho, más una ideología que una doctrina, ideología vinculada a un determinado modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas y que pretende –decía el Episcopado– incluso justificrse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de los valores de la civilización occidental y cristiana. Desde Puebla, se señaló que la Doctrina de la Seguridad Nacional desarrollaba un sistema represivo en concordancia con su concepto de «guerra permanente» con clara intencionalidad del protagonismo geopolítico y que ella –como ideología absoluta– no se armoniza con una visión cristiana del hombre, pues impone además la tutela del pueblo por elites de poder, militares y políticas, y conduce a una acentuada desigualdad de participación en los resultados del desarrollo. También se señaló que desde los años cincuenta habían fracasado las esperanzas de desarrollo habiendo aumentado la marginación de las grandes mayorías y la explotación de los pobres.

En ese contexto –sostenían los prelados en Puebla– se impedía el acceso a los bienes y servicios sociales y a las decisiones políticas, agravándose los atentados a la libertad de opinión, a la libertad religiosa, a la integridad física.

Asesinatos, desapariciones, prisiones arbitrarias, actos de terrorismo, secuestros, torturas continentalmente extendidas, demuestran un total irrespeto por la dignidad de la persona humana. Algunos –decía el Episcopado– pretenden justificar todas estas atrocidades incluso como exigencias de la seguridad nacional. En ese clima jurásico el liberalismo económico prosperó sin control alguno; fue la época aquí, en el Río de la Plata, de los Martínez de Hoz, Végh Villegas, Gil Díaz, Valentín Arismendi y otros pontífices del neoliberalismo descontrolado y espurio. En aquella noche de la dictadura, Puebla fue una fuente de sanos principios y un baldón tremendo para los oficialismos de la época.

Pues entre las 1.310 conclusiones definíase en Puebla que la economía de mercado libre, en su expresión más rígida, aún vigente como sistema en toda América, ha acrecentado la distancia entre ricos y pobres. Y acusaba que pequeños grupos nacionales asociados a veces con intereses foráneos, se aprovechan de las oportunidades que abren estas viejas formas de libre mercado para medrar pura y exclusivamente en provecho propio sin ninguna responsabilidad social. Releyendo aquel gran documento, no sólo encontramos una clara descripción de los problemas que se enfrentaban y de los flagelos que se denunciaron, sino que se trató de un gran desmentido –y lo sigue siendo– a los apologistas del liberalismo económico en sus formas más salvajes. En este encuadre que hemos planteado, sostenemos nuestra interrogante. ¿Cuáles son los valores morales del libre mercado? ¿Los tiene? *