La exultante prepotencia del gobierno norteamericano

Con el advenimiento a la Presidencia del señor George W. Bush, la política exterior de los Estados Unidos parece estar alcanzando los máximos niveles históricos de agresividad y arrogancia.

En pocos meses se han dado pruebas contundentes de esta afirmación: la actitud de saboteo frente al Protocolo de Kyoto, que intentaba mitigar los efectos nocivos sobre el medio ambiente de las emanaciones de gases, el veto a los tratados que buscan poner límites a la utilización de armas bacteriológicas, fue un segundo paso. Finalmente, el desarrollo obcecado del proyecto de escudo antimisiles ha venido a dar un nuevo empuje a la delirante carrera armamentista, en términos muy poco compatibles con las realidades militares del mundo con posterioridad al derrumbe del bloque soviético.

Todos estos antecedentes han quedado reducidos a tímidos indicios ahora, cuando se conocen las medidas legislativas que se preparan en los Estados Unidos, referidas al proceso de creación de un Tribunal Penal Internacional, dentro de las coordenadas previstas en el Tratado de Roma.

El señor George Bush se opone al tratado y ha dedicado una parte de sus energías a interponer trabas legales para desvirtuarlo.

Ahora de lo que trata es de condicionar el cumplimiento de las deudas que el Estado norteamericano tiene con la Organización de las Naciones Unidas, fruto de la falta de pagos durante años.

La cifra adeudada por los EEUU es del orden de los mil millones de dólares. Como contrapartida, el gobierno norteamericano exige ciertos «ajustes» a los términos del Tratado Penal Internacional.

La fórmula sobre la que se trabaja en la Cámara de Representantes reposa sobre la norma que «el Tribunal Penal no podría encausar a ciudadanos norteamericanos».

Aunque resulta difícil de creer, la idea que se acuna en las esferas de poder es esa. Pero el asunto no termina ahí. De acuerdo con la ley proyectada se impediría que los Estados Unidos prestara ayuda militar a todo país ajeno a la OTAN, que respaldara el tratado de fundación del TPI, y se prohibiría que las «tropas de los EEUU participen en misiones de paz de la ONU si no se les concediera inmunidad expresa frente a la jurisdicción del TPI, y autoriza al presidente a utilizar la fuerza para liberar a todo estadounidense, o ciudadano de un país aliado, que fuera detenido por orden de ese tribunal».

Como da cuenta El País de Madrid, en los círculos de especialistas en materia de derecho internacional, el proyecto de ley que elabora la Cámara de Representante de los Estados Unidos es conocido como «la ley de invasión de La Haya«, ciudad esta que es sede del Tribunal cuyos límites los norteamericanos procuran recortar.

Las aspiraciones de los dirigentes norteamericanos, con el presidente Bush al frente, en materia de derecho internacional, resultan sorprendentes. Habría que retrotraerse a muchos decenios para encontrar enunciadas con tanto desenfado aspiraciones de reconocimiento universal de una nación por encima de los derechos de las otras que pueblan el planeta y forman parte, con plenos derechos, del sistema legal internacional.

La base de sustentación de estas propuestas norteamericanas estaría en una doctrina según la cual los ciudadanos norteamericanos están provistos de una condición legal distinta, superior, a la del resto de los ciudadanos.

Eso los hace intocables para los tribunales humanitarios como el Tribunal Penal Internacional que se aspira a constituir.

Más aun, los provee de una inmunidad-impunidad, por el solo hecho de ser norteamericanos, que va no sólo contra todas las corrientes actuales del pensamiento legal y penal sino contra el desarrollo de relaciones humanas fraternas y civilizadas entre las distintas naciones. *