Es imprescindible la acción del gobierno

La lectura de las ediciones recientes de LA REPUBLICA y de otros medios de prensa podría inducir al lector a la perplejidad: se han acumulado un número tan alto y tan calificado de escándalos y denuncias de delitos económicos que el ciudadano podría sentir que se mueven los cimientos del piso sobre el que está parado.

Dos de los tres episodios más recientes aluden al manejo de cifras astronómicas, difíciles de imaginar: las maniobras en la Dirección General Impositiva y la existencia de un gran número de empresas, organizadas desde estudios jurídicos y contables uruguayos e instaladas en nuestro país que han venido operando como instrumentos para el «blanqueo» y reciclaje de activos provenientes de actividades ilegales.

No una sino varias instancias exteriores al país han colocado a Uruguay entre los lugares a estudio como sede privilegiada de operaciones de lavado para delincuentes de la región.

Para el GAFI, organismo del grupo de los 7 países más ricos, Uruguay se encuentra entre los cinco países que deben ser investigados.

La misma preocupación han revelado las autoridades de la Hacienda brasileña (la Receta Federal) que tienen indicios de la utilización de empresas uruguayas como mecanismo para la evasión fiscal sistemática.

Finalmente, y con más impacto por las resonancias que tuvo en Argentina, las referencias explícitas realizadas en el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de Argentina, presidida, hasta hace dos días, por la doctora Elisa Carrió.

No se trata, en ningún caso, de actividades ilegales recientes sino de larga data. La gran mayoría se han desenvuelto atravesando el período de gobiernos democráticos abierto en 1985.

La DGI y la evasión fiscal, por un lado; el blanqueo de activos contaminados, por otro. Hay entre estas dos áreas delictivas puntos de contacto, como lo que ocurre con decenas de sociedades anónimas cuya titularidad aparece ligada familiarmente al ex director de la DGI. El tercer escándalo que irrumpe públicamente en estos días remite a la situación que disfrutaba un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas, pasado a comisión en la secretaría de un diputado colorado que no lo conocía, en ejercicio de la realización de «una gauchada» protagonizada por otro dirigente forista, que tampoco conocía al funcionario.

En Brasil, una investigación sobre las actuaciones de empresas uruguayas de blanqueo de capitales, terminó con la destitución parlamentaria del presidente Fernando Collor de Mello.

En Argentina, las denuncias de la Comisión Parlamentaria pusieron en funcionamiento los mecanismos judiciales que actúan en diversas causas y que han determinado la prisión de varios jerarcas de la administración anterior, incluyendo al propio Menem.

En nuestro país, hasta el momento, no se ha producido ninguna reacción oficial ante las denuncias formuladas.

El asunto tiene una multitud de aristas. Por un lado, la persistencia de las acusaciones tiene un efecto de desprestigio indudable sobre el país y la honorabilidad de algunas de sus empresas.

En segundo lugar, las resoluciones del grupo GAFI podrían implicar consecuencias consistentes frente a organismos internaciones que jerarquizan la existencia de controles estatales sobre las actividades de blanqueo. Resulta difícil de comprender la pasividad que viene prevaleciendo. El sistema institucional y político está obligado a dar respuestas a las irradiaciones de esa verdadera «corte de los milagros» de los delitos económicos que sobreviven en forma parasitaria en nuestro país. La permisividad y el secreto de que se han beneficiado estos operadores constituyen una afrenta al país, a las instituciones y a la gente que trabaja.

El sistema político, el Poder Ejecutivo y el Parlamento, están en condiciones y en la obligación de dar una clara y enérgica respuesta a las denuncias formuladas. *