El tragicómico salario mínimo nacional

El estancamiento del país productivo es justificado a diario por el gobierno, con la aplicación de medidas que parecen emanadas de un proceso destinado a penalizar permanentemente a las capas de la sociedad más indefensas. El salario mínimo nacional es un ejemplo de ello y demuestra que, no obstante la ridiculez de su monto, se sigue aplicando con el único cometido de limitar percepciones de carácter social que impiden hoy a la gente acceder a prestaciones con un mínimo de dignidad.

El mismo es fijado en forma discrecional por el Poder Ejecutivo y esa discreción se ha transformado en un elemento permanente de ajuste financiero aplicable contra los asalariados, jubilados y pensionistas. La norma que le permite tal atribución al Poder Ejecutivo es el artículo 39 de la Ley 13.728 de 17 de diciembre de 1968.

Sin embargo, el artículo 1º de la Ley 10.449, de 12 de noviembre de 1943, dice claramente que «El salario mínimo es aquel que se considera necesario, en relación a las condiciones económicas que imperan en un lugar, para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales». La realidad entre lo expresado por la ley y la voluntad del Poder Ejecutivo es un abismo.

Pero hay hechos concretos que son más gráficos en cuanto al significado de tal aplicación. El actual salario mínimo nacional está fijado por el gobierno en 1.092 pesos. Si tomamos el SMN de 1970 ajustado por el Índice de Precios al Consumo, el mismo debería ser, al mes de diciembre del año 2000, de 3.403,69 pesos.

Por lo tanto, tenemos que en 30 años, el Poder Ejecutivo ha rebajado el salario mínimo nacional en un 67,92 %. O dicho de otra forma: hoy el salario mínimo nacional es solamente el 32,08 % de lo que debería ser.

Esta maniobra nada sutil y de manipulación indignante de los derechos de la sociedad, tiene una finalidad nada grata para la gente y vamos a marcar algunas de esas consecuencias.

Si el salario mínimo nacional fuera real y se hubiera incrementado de acuerdo con el Indice de Precios al Consumo desde 1970 a la actualidad, el tope jubilatorio de siete salarios mínimos sería de 23.826 pesos y no de 7.644, la asignación familiar común sería de 272 pesos y no de 87 pesos, la asignación familiar doble sería de 545 pesos y no de 175 como lo es hoy, el subsidio por desempleo tendría por tope 27.230 pesos y no 8.736, el mínimo del seguro por desempleo sería de 1.702 pesos y no de 546 como hoy, el subsidio por enfermedad tendría como tope 10.211 pesos y no como el actual: 3.276.

Esta es una muestra de la diferencia entre un poco de justicia y el gran despojo digitado gradualmente desde el Poder Ejecutivo.

Estos pocos datos dejan en evidencia que el mayor ajuste fiscal, descarnado y permanente, lo pagan los que dependen del Sistema de Seguridad Social, trabajadores, jubilados, pensionistas, hijos y nietos.

Si sumamos el multimillonario, regular y permanente drenaje a las prestaciones, tenemos que las pérdidas socializadas de los sectores exportadores a quienes el gobierno trata de complacer con estímulos de carácter financiero, tales como rebaja de tributos, de aportes patronales, refinanciando deudas o simplemente dejándolos violar normas laborales, son ínfimas comparadas con el volumen ciertamente monstruoso que le ha costado a quienes, como los sectores más sufridos de la población, han pagado todo esto con pobreza, con necesidad, con sufrimiento.

Si muchas veces proclamamos que las cúpulas de gobiernos recientes estaban impregnadas de un claro predominio oligárquico, hoy los hechos nos dicen que nunca o casi nunca hubo una comunión tan completa y compacta con esa identificación, que desde luego, sigue separando a los muchos pobres de los pocos ricos, que, en verdad, nunca han dejado de serlo. *