Haciéndole mal a la democracia

Cuando se publicaron los resultados de una reciente encuesta continental sobre la actitud de los ciudadanos de los diferentes países de América Latina en relación a la democracia, los uruguayos figuramos al tope de la tabla y todos nos alegramos. Es un mensaje de civilidad y de cultura política democrática, que debemos valorar y sobre todo cuidar.

A pesar del desánimo, de la profunda y aguda crisis que desde hace muchos, demasiados meses nos afecta y de la universal desidia hacia la política que recorre el planeta, los uruguayos siguen manteniendo una alta y sólida opción democrática.

Hablar de democracia es hablar de política. No lo ocultemos, no lo enmascaremos, no nos hagamos los desentendidos. No hay democracia sin política y sin partidos políticos, sin parlamentarios, sin gobernantes. La democracia no es una entelequia, un estado espiritual etéreo o un credo. Es además de la construcción jurídica e institucional que le da sustento, un vínculo entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado.

Hay cosas que le hacen bien a la democracia y hay cosas que la afectan profunda y dramáticamente. Cuando se desprestigia la función pública, cuando se manosean las instituciones, cuando se enturbian los valores, cuando se arrastra por el lodo a los parlamentarios, o ellos mismos lo hacen con sus prácticas, más allá de las personas y los cargos se está afectando a la democracia y a la política.

Cuando un ex diputado y actual presidente del Banco Hipotecario anuncia sin ningún pudor en todos los medios de prensa nacionales, que recomendó a otro diputado amigo y correligionario asumir «en comisión» a un aduanero, recomendado por otro aduanero «amigo y correligionario» para que no trabajara, para que cobrara su sueldo en la Dirección Nacional de Aduanas lisa y llanamente sin trabajar, es de una gravedad extrema. En la entrevista en Canal 10, la respuesta fue clara, contundente, fue una gauchada para que no tenga que trabajar. Es realmente una enormidad. Después de ello todo intento de aclaración está de más.

Cuando la desocupación alcanza el nivel de una pandemia, cuando la inseguridad laboral le quita el sueño a una enorme cantidad de familias uruguayas, afirmar que «es una práctica corriente, una gauchada corriente entre los políticos», como ha dicho el ex diputado nacional, es muy grave.

A ello se agrega, después, que el citado aduanero era el cerebro de una asociación para delinquir que operaba con decenas de millones de dólares de contrabando de cigarrillos en la Zona Franca de Rivera que fue, en definitiva, el detonante que hace estallar todo el tema ante la opinión pública. Los ciudadanos se deben estar preguntando, ¿cuántos de los pases en comisión son funcionarios que cobran sus sueldos como una gauchada? ¿Cuántos puntos del IVA, o de los nuevos impuestos que paga la gente todos los días, van a parar al agujero negro del despilfarro, del clientelismo, de la falta de control y de austeridad republicana?

Y ello nos afecta a todos. Aunque salgamos a decir enfáticamente que no, que no es cierto que todos los «políticos» hacemos ese tipo de gauchadas con los dineros ajenos, que no es cierto que todos los parlamentarios utilizamos los pases en comisión para desvirtuar las funciones de apoyo y asistencia a nuestra labor y cubrir el «cupo» con favores y acomodos, el barro nos salpica a todos, nos enloda, le quita credibilidad y seriedad a las instituciones.

Es inútil que las autoridades del Parlamento se esfuercen por presentar una determinada imagen de este poder fundamental del estado democrático, el pantano, la ciénaga de estas prácticas infamantes, nos afecta a todos.

Es inútil que recorramos el país, los barrios, la sociedad civil, buscando conectar los problemas de la gente a la actividad parlamentaria, como nos consta que lo hacen muchos, seguramente la mayoría de los parlamentarios nacionales, de todas maneras nos alcanza la sospecha de este tipo de prácticas.

Es por ello que en esas situaciones deben primar valores superiores, esos con los cuales nos comprometimos ante la ciudadanía –como custodios de los altos valores de la República y la democracia–, y no la solidaridad de grupo, de foro o de partido.

No tengo dudas. Por encima de todo está y debería estar el país. Y si esto es así, no son las declaraciones infames que hemos escuchado las que debemos repudiar, sino los hechos, las actitudes, las prácticas injustas e incorrectas las que el Parlamento y la sociedad deben rechazar. Deben ser corregidas, suprimidas, no por buena voluntad, sino por el peso de la ley y de las normas. Por ello cada legislador debe ser responsable de sus actos y se hace necesario publicar de inmediato la lista completa de personas en comisión de acuerdo con las normas actualmente en vigencia, estableciendo, con claridad, procedencia y destino.

Pero, además, no es tan solo un problema del Parlamento, sino del Estado en su conjunto, por lo que deben tomarse medidas para asegurar que este instrumento cumpla realmente con los fines para los que fue concebido, sin desvíos ni oportunismos. Más cuando las nuevas técnicas de comunicación hacen muy fácil actuar hoy con total transparencia. *