Neoclientelismo: el cambalache del siglo XXI "made in Uruguay"

VICTOR ROSSI

 

Desde hace un año algunos medios de comunicación, han dado a conocer una serie de listas de contratos de arrendamiento de obra y servicios, que han conmovido a la opinión pública y repercutido en el Parlamento.

Hace pocos días se conoció otra perla de este largo collar: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que dirige el contador Ariel Davrieux y que instrumenta el Plan de Integración de Asentamientos Irregulares, contrató a 19 personas para ejecutar 100 millones de dólares, donde ninguno de esos cargos se llenó por llamado público. Pero lo más insólito de todo fue que entre ellos se encontraba un psicólogo, que por cierto no era para atender las necesidades de los habitantes de los asentamientos.

De las actas de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda y a partir de las preguntas de nuestro compañero, el diputado Martín Ponce De León, surge que el profesional es un consultor que hace un mismo trabajo para el fortalecimiento de la representación del BID en nuestro país. Si bien no me corresponde opinar sobre la necesidad o no de un psicólogo para la representación del BID, parece exagerado y hasta innecesario que el director de OPP y su equipo de trabajo necesiten de ese tipo de especialista.

A la vez en esa comisión también se dijo por parte del contador Ariel Davrieux, que el 25% –¡una cuarta parte!– de los fondos destinados a distintos programas nunca llega a los destinatarios últimos del préstamo, sino que se van, se pierden en gastos varios y de consultoría, pero que se computan en el momento de pago de la deuda externa o de sus intereses.

En la Comisión de Presupuestos del Senado se informó que un total de 3.951 becarios y pasantes revistaron en la Administración Pública durante el año 2000. Cifra que crece cuando se le agregan más de 2.000 contratos y arrendamientos de obras, en cuya lista aparecen familiares de muchos de los gobernantes o «vecinos» de familiares de ellos. Contratos que durante la administración del presidente Julio María Sanguinetti le costaron a los uruguayos 150 millones de dólares, casi diez veces más que lo que se logró con la subasta de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

Estos montos en dólares que muestran a la Administración Central como el embudo del neoclientelismo político, no sólo ponen en peligro las arcas del Estado (el que quiera encontrar las causas del alto costo país que busque por aquí) sino que, además, identifica al Estado con el partido de gobierno, limitando peligrosamente el contenido democrático que se manifiesta en la Constitución de la República.

Entre los contratos de obra, los becarios, las consultorías que nos exigen los organismos financieros internacionales, se está engordando a una burocracia que el país no necesita. Tema, por cierto, que no es sólo patrimonio de los actuales gobernantes uruguayos. Por los asesores del Banco Mundial, el BID y el FMI, al igual que los cuatro lemas partidarios que actúan en Uruguay, incorporan a su agenda todo lo que se ha dado en llamar políticas sociales.

Asimismo la cruda realidad social ha hecho que el drama de centenares de miles de uruguayos, se haya incorporado con fuerza a la preocupación general y a las conversaciones diarias. El Encuentro Progresista-Frente Amplio, ha potenciado este tema con propuestas concretas que apuntan a revertir la compleja situación, dando respuestas concretas a las necesidades concretas de la gente.

Es cierto que entre estudios, análisis, diagnósticos e investigaciones, los beneficiados con esta erupción de solidaridad ha sido la burocracia nacional e internacional y no tanto los que necesitan de esos apoyos sociales, como de alguna manera lo reconociera recientemente el ministro de Transporte, ingeniero Lucio Cáceres.

Sin desconocer la importancia de toda elaboración de planes antes de ejecutar cualquier acción práctica –para lo cual el Estado cuenta con técnicos idóneos, sin necesidad de premiar con suculentos sueldos en dólares a otros–, este fenómeno perverso se está manifestando en forma creciente, sin que el gobierno del doctor Jorge Batlle corte de cuajo una política que no se inició con su administración y que tuvo un efecto explosivo bajo el último gobierno del doctor Julio María Sanguinetti. De continuar con la actual política económica que excluye a diario a cientos de uruguayos y con estos gastos innecesarios, a menudo injustos, cargados de intereses partidarios muy menores, no podremos salir de este círculo vicioso donde los responsables de la crisis económica terminan siendo los que después montan estructuras caras para «parlotear» sobre los males, sin atender a fondo y con sensibilidad los grandes problemas de los sectores más humildes. Lo que termina siendo una verdadera cachetada a los mínimos valores éticos que debe impregnar toda política de gobierno.

Las soluciones de los problemas del país no están por el lado de salir en campaña, agitando viejas sábanas o descalificando opositores y presagiando desastres, como han hecho algunos defensores gubernamentales, sino en ponerle fin a esta orientación económica que empobrece a la mayoría y en el abandono de toda forma de neoclientelismo, que es contrario a la ética y a las finanzas del Estado. *