Comisión para la Paz: un año tras la verdad

Tal como se consigna en nuestra edición de ayer, la Comisión para la Paz cumplió un año de labor.

Vale la pena pues, hacer un balance de sus logros y evaluar su real significación.

En primer lugar, es preciso destacar que el país vivió durante quince años –desde la salida del régimen dictatorial hasta la asunción del doctor Batlle– con una herida que ni la Ley de Caducidad ratificada por el cuerpo electoral, ni la recomendación sanguinettista de no tener ojos en la nuca, ni la pasividad y omisiones ostensibles que caracterizaron a las dos administraciones de Sanguinetti y a la de Lacalle, ni el mero paso del tiempo pudieron cerrar.

«Sólo una cosa no hay: es el olvido», nos enseña Borges, para quien el tema es casi obsesivo. El doctor Batlle parece coincidir con el gran poeta y tiene el mérito de haber tomado distancia de la postura de sus antecesores. Seguramente la historia lo recordará como el primer presidente que demostró una auténtica voluntad para propiciar que la sociedad uruguaya rindiera esa asignatura pendiente.

Tanto el asesor presidencial, Carlos Ramela, cuanto el representante del Encuentro Progresista, Gonzalo Fernández, han destacado un hecho incuestionable: la instalación de la Comisión para la Paz y la tarea desarrollada durante un año echan por tierra el razonamiento a que recurrieron Sanguinetti y Lacalle según el cual a partir de la ratificación de la Ley de Caducidad, «el tema de los desaparecidos ya está laudado». Esa gran falacia presentada como verdad indiscutible se resquebrajó y cayó irremediablemente con la decisión del presidente Batlle de buscar los mecanismos tendientes a determinar la situación de los detenidos desaparecidos y con ello «sellar para siempre la paz entre los uruguayos». Fue nada menos que el reconocimiento oficial de que no era un tema definitivamente laudado; fue la manera que encontró el doctor Batlle de acatar lo prescripto por el artículo cuarto de la Ley de Caducidad.

No es poca cosa. El presidente ha exhibido una sensibilidad especial que le permite advertir el lado ético que ofrece el problema así como la imperiosa necesidad de «preservar la memoria histórica», según sus propias palabras.

De acuerdo con lo declarado por Fernández y Ramela, se ha logrado una cierta colaboración de algunos elementos militares. Se trata de un avance muy importante que permite abrigar esperanzas en cuanto a llegar al objetivo perseguido. En la disposición de los militares a colaborar y a brindar información está la clave para ello.

Parece innecesario destacar que la Comisión para la Paz ha sido blanco de críticas desde diversos ángulos. Por un lado, no colma las expectativas de vastos sectores que, resignados a no exigir juicio y castigo, reclaman sí que se conozcan los nombres de los responsables de las desapariciones; que se confirmen o se desechen los nombres que han estado en danza desde los años de plomo y que innumerables testimonios señalan como terroristas de estado.

Por otro lado, las organizaciones que nuclean –y amparan– a esos terroristas de estado no ocultan su disgusto ante un organismo –que cuenta con la iniciativa y el respaldo nada menos que del Presidente– cuyo cometido es remover el pasado e intentar desentrañar la verdad.

Hace un año decíamos que la condición sine qua non para sellar la paz era el conocimiento de la verdad. De toda la verdad. Sólo sabiendo qué pasó es posible cerrar la herida. Sólo sabiendo quiénes fueron los responsables es posible otorgar un perdón.

Quienes siempre hemos reclamado la verdad debemos saludar a esta Comisión para la Paz y hacer votos por el buen fin de sus actuaciones. *