Liceo del Cerro: ºla realidad de la enseñanza al desnudo

Más allá del acierto o el desacierto en la elección de la herramienta de lucha, parece claro a primera vista la incuestionable justicia de los reclamos que mueven a los jóvenes ocupantes del Liceo 11.

Más allá del hecho concreto y de las exigencias precisas de los estudiantes cerrenses, la situación resulta reveladora de cuál es la realidad de nuestra enseñanza pública; una realidad que nadie osaría calificar de buena y de la que nadie debería sorprenderse pues hace demasiado tiempo que desde diversos ámbitos se han venido denunciando las carencias de todo tipo de que adolece la educación estatal. Y conste que no estamos refiriéndonos exclusivamente al aspecto material –bajos salarios, carencias locativas y de materiales– sino también a la calidad de la enseñanza que se imparte, calidad que muchas veces está en relación proporcional a la infraestructura material, bueno es señalarlo.

Los reclamos de los estudiantes del Liceo del Cerro son claros y concretos: refacción y reacondicionamiento del local liceal; llevar el presupuesto de la educación al seis por ciento del PBI; detener la aplicación de la Reforma Educativa de 1996; y revisión de las llamadas «actas represivas», disposiciones normativas que regulan el comportamiento de los estudiantes.

Con independencia del cuestionamiento a la reforma educativa –tema opinable y cuya polémica no se ha acallado aún–, las otras reivindicaciones son absolutamente inobjetables.

Es notorio el deterioro edilicio que ostentan numerosos locales liceales, al tiempo que su capacidad locativa se ve ampliamente superada. Ello implica que se ejerza la docencia en condiciones inadecuadas y antipedagógicas al tolerarse una superpoblación que conspira contra el aprendizaje: todos sabemos que es imposible pretender que un docente cumpla cabalmente su tarea cuando se enfrenta a grupos excesivamente numerosos. Los estudiantes denuncian el incumplimiento de un compromiso que asumió el director de Secundaria hace un año, cuando prometió mejorar y ampliar el local del liceo.

En cuanto al reclamo presupuestal, hay que convenir en que, si bien la cifra puede parecer exagerada, se trata de una aspiración por demás justa además de razonable; recordemos que durante el segundo gobierno blanco del siglo pasado –cuando Pivel Devoto era ministro de Instrucción Pública– el gasto para la educación pública representaba aproximadamente un cuarto del Presupuesto.

En lo que refiere a las «actas represivas», incluso las autoridades de Secundaria reconocieron la pertinencia de discutir algunas disposiciones y eventualmente revisarlas y corregirlas, con lo cual se está admitiendo tácitamente la procedencia del reclamo estudiantil.

Respecto del conflicto en sí –de la situación conflictiva surgida a raíz de la ocupación del local liceal– cabe destacar como hecho positivo la instalación de una mesa de diálogo. También es de resaltar el comportamiento irreprochable de los jóvenes ocupantes: no ha habido violencia ni daños materiales. Y una cosa que también ha quedado en claro: la total independencia y espontaneísmo que exhiben los jóvenes respecto de partido o grupo político alguno.

Nadie puede hablar de infiltrados, de agentes provocadores, de injerencia de grupos de la «izquierda radical», ni ninguna otra de las manidas y recurrentes muletillas de que suele valerse la derecha en casos como éste.

Nos resta hacer votos por una pronta –y buena– solución del conflicto. Una solución que surja de concesiones recíprocas y que contemple hasta donde sea posible las legítimas aspiraciones de los jóvenes. *