¿Flexibilización o canibalismo?

EDUARDO SILVEIRA

 

Al brutal desempleo que hoy sufre la actividad privada y al subempleo existente y aceptado como norma en nuestro país, habrá que agregar ahora la iniciativa de «modernización» de la legislación laboral propuesta por el ministro de Economía, mediante la «flexibilización» o caída de las actuales normas que rigen.

Parecería que no contentos con la única base que tiene un trabajador de la actividad privada que es el Mínimo Nacional (hoy $ 1.090) nominal, hay que sumarle estas prouestas que sólo cuasan miedo, desconcierto y desazón, porque ellas apuntan directamente a sumar peso a un solo plato de la balanza, en la «esperanza» pobre y quizás mal intencionada de que estas propuestas van a aumentar el empleo.

Tal vez un poco de historia de la actual situación del trabajador uruguayo y la mentada «flexibilización» ideada como salvación, no nos venga nada mal:

–En el gobierno de Sanguinetti, por intermedio de la Ley 16.908 del 7 de enero de 1998, se dio el puntapié inicial, quitándole al trabajador del amparo de sus reclamos que se pudieren adeudar en los últimos diez años, período que se redujo a solamente dos años. Esto significa que le quitaron al trabajador ocho años de su derecho a reclamo. Por si esto fuera poco, en setiembre del mismo año por intermedio de la ley 16.995 para reclamar estos dos años que le quedan, si los adeudos suman más de 20 UR, el pobre trabajador está obligado a requerir los servicios de un abogado para que lo patrocine, lo que determina que la menguada cantidad de dinero que pudiera obtener la tenga que repartir con el profesional, a no ser que recurra al abogado de oficio.

–En el año 1992, durante el gobierno de Lacalle se eliminaron los convenios salariales que estaban funcionando en nuestro país desde 1985 y los convenios que pudieren llevar a cabo desde ese momento no eran y aún no son homologados por el Poder Ejecutivo, quedando en consecuencia el piso del Salario Mínimo Nacional como referente para cualquier negociación.

–Todos sabemos que el desempleo campea libremente mientras nada hace pensar que esté próxima una reactivación del sector privado, sino que por el contrario los alarmantes índices hacen pensar en un futuro desolador.

Frente al panorama que se plantea hoy los trabajadores se preguntan: ¿cómo es posible que alguien plantee una propuesta de «flexibilización?», ¿a dónde quieren llegar?
Argumentan que las partes deben negociar sus derechos, dejar libre el descanso semanal, el horario fijo de ocho horas, negociar las horas extra a cambio de más tiempo libre, repartir la licencia en períodos más chicos (menos de 10) de los 20 que corresponden por año, convenir horarios rotativos, eliminar los descansos intermedios fijos hoy vigentes por otros de distinta duración y ubicación. En suma todo lo planteado por el ministro Bensión significa cuotas de los actuales derechos mínimos. Lo que también es cierto es que nada de lo planteado por el gobierno es a favor del trabajador, y por si esto fuera poco se solapan las medidas propuestas aduciendo que esto generará más trabajo. Esto es absolutamente falso, es más, no va a generar ni un solo puesto de trabajo, por el contrario generará sí el menoscabo de las pocas fuentes de trabajo que hoy quedan en pie. Y otra vez preguntamos: ¿qué fuerza puede tener un trabajador para negociar frente a su patrón estas medidas, cuando la cruda realidad nos muestra que mientras hay un empleado para salir hay mil para entrar? ¿Qué puede pasar si se resiste a aceptar la propuesta «innovadora?

También preocupa y llama la atención que esta «idea» haya sido tomada al pie de la letra por el ministro de Trabajo, quien agrega que estas cosas se han convenido sistemáticamente mediante convenios celebrados en el Ministerio y hasta habla de acuerdos de rebaja salarial.

Claro que esto es así, no hay dudas, ante la posibilidad cierta de masivos pases al seguro de paro y posteriores despidos. Estas son las señales de la situación a la que lamentablemente hemos llegado. Claro que existen convenios de este tipo, porque en el peor de los casos lo que les queda a esos trabajadores no es sólo el seguro de paro y pérdida del trabajo sino que el Ministerio ha formalizado una norma de «acuerdo de partes» para el pago del despido y los demás rubros adeudados por una cantidad menor e incluso en cuotas. En definitiva al trabajador no le queda alternativa, ya que de no aceptar la fórmula propuesta por el empresario en la sede del propio Ministerio, sólo le queda el sinuoso y largo camino de la Vía Judicial, mientras su familias necesita y reclama el dinero diariamente aunque sea menos. Esta situación en cualquier parte del mundo significa ni más ni menos que «bajarse los pantalones, no asumir una realidad» como dijera contrariamente el ministro.

Sería bueno que algún legislador le pidiera al ministro la cantidad de empresas y trabajadores que han llegado a estos acuerdos en su Ministerio, como para tratar de universalizarlos en una Ley.

Estas prouestas nos hacen retroceder a antes de 1915 cuando se universalizaron las ocho horas de trabajo en nuestro país y el descanso semanal. Esto es de Ripley, sí señor, aunque usted no lo crea. *