¿Otra vez un militar cuestionado a la Suprema Corte?

De acuerdo con las informaciones difundidas la pasada semana, el Poder Ejecutivo estaría enviando al Senado de la República un pedido de venia para nombrar a uno de los «conjueces militares» que, después de la dictadura, y como un afeite más de la sinuosa transición, se le acoplaron a la Suprema Corte de Justicia.

Ya la sola existencia de los tales conjueces militares es de por sí hartamente discutible: hasta la dictadura, y en su siglo y medio largo de existencia institucional, el país no había necesitado de una figura jurídica e institucional tan extravagante como ésta.

La importancia simbólica del asunto es por demás evidente. De acuerdo con la Constitución, la Suprema Corte de Justicia es la instancia superior del Poder Judicial y tiene la responsabilidad, entre otras, de juzgar a todos los infractores de la Constitución, los delitos contra el Derecho de Gentes.

Los cinco integrantes «constitucionales» de la Suprema Corte son designados por la Asamblea General Legislativa, por dos tercios del total de sus componentes, y suele recaer en magistrados profesional y moralmente prestigiosos y con una trayectoria larga en el ejercicio de las labores jurisdiccionales. En cambio, los llamados «conjueces» militares son designados por el Poder Ejecutivo, con venia del Senado.

El año pasado, en una «pifia» muy llamativa, el presidente Batlle envió la solicitud de venia para un torturador conocido, el coronel Neira, lo que dio lugar a una serie de denuncias y protestas que terminaron con la renuncia del individuo propuesto.

Ahora, parecería confirmarse la misma línea de conducta por parte del presidente Batlle. El militar que se propone es el brigadier Carlos Pache, de larga actuación durante la dictadura.

Sin menoscabo de otros cipos de referencia sobre la trayectoria y perfil institucional del militar propuesto, se puede adelantar que fue agregado militar en España durante la dictadura.

Hay otro aspecto de la gestión de Carlos Pache que vale la pena que se examine en el momento de asignarle una responsabilidad y una legitimación pública del tipo de la que Batlle propone.

Siendo coronel, el brigadier Carlos Pache fue designado como integrante del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay.

Durante la gestión de ese Directorio se comprobaron una serie de irregularidades graves, irregularidades que, según muchos analistas, están en la base de la crisis financiera que hoy tanto y tan justificadamente preocupa a la ciudadanía, al Directorio actual y a los cooperativistas agrupados en Fucvam.

Las irregularidades a que hacemos referencia ingresaron luego a la órbita del Poder Judicial y Carlos Pache, junto con otros jerarcas, debió enfrentar una acusación de fraude por parte de los magistrados competentes.

El juicio no continuó. ¿Cuál es la razón?

En función de un decreto del ministro Hugo Medina y el presidente Sanguinetti, el expediente fue incluido en las franquicias penales establecidas por la Ley de Caducidad. Se podría agregar, en esta referencia antológica, que también los civiles acusados fueron eximidos de cualquier eventual castigo por la misma razón: Sanguinetti abrió para ellos el paraguas protector de la Ley de Caducidad.

Los jueces que encaraban el análisis penal de las estafas contra el Banco Hipotecario se quedaron sin asunto.

Si por parte del Senado se le concediera la venia que Batlle pide para Pache, el hombre volvería a estar cara a cara con la Justicia. Pero ahora no como acusado, sino como jerarca.

¡Vaya transición, vaya poderes los de algunos militares, vaya estado del alma! *