Denuncias de enorme gravedad

En su edición de ayer el semanario Brecha hace pública una serie de denuncias del periodista Samuel Blixen. Se trata nada menos que de las expresiones hechas en privado por el presidente de la República, doctor Batlle, con relación al destino de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del poeta argentino y madre de la niña cuyo reencuentro el país entero celebró el pasado año.

De acuerdo con la crónica, en el momento de la identificación de la niña, el jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, general Ricardo González, habría recibido orden del Presidente de interrogar al capitán Ricardo Medina Blanco, integrante de los grupos de tareas encargados de la represión que, en los años 70, actuaron tanto en Montevideo como en Buenos Aires.

En ese momento, de acuerdo a lo que surge de la crónica citada, la identidad de la niña fue confirmada así como la responsabilidad del oficial que había participado en el operativo.

Medina tendría a la vez nada menos que la tremenda responsabilidad de haber llevado a término la ejecución y desaparición de la madre, la joven luchadora argentina,María Claudia, quien al decir de Juan Gelman habría sido mantenida con vida durante unos meses hasta que diera a luz, «usada como un envase para entregar el producto».

Como también informara LA REPUBLICA el año pasado, Silveira y Medina fueron quienes entregaron a la nieta de Gelman, recién nacida, a su familia adoptiva.

La verdad, dolorosa e indignante, estaría en poder del presidente Batlle desde aquel momento, a principios del año 2000. El mantenimiento en secreto de la información sobre Medina y sobre el destino de María Claudia obedecería, por parte del Presidente, a «consideraciones de tipo político».

El tema tiene aristas de una gravedad extrema y casi lo deseable sería que las autoridades aludidas en esta crónica hicieran ante el país los más tajantes y convincentes desmentidos. No hacerlo, darle como es habitual en estas formas maquilladas de la arrogancia del poder, la callada por respuesta sería de una gravedad extrema, y configuraría un categórico desmerecimiento de los sedicentes esfuerzos por la transparencia, la verdad y otros imprescindibles factores de legitimidad republicana.

Ricardo José Medina Blanco, el oficial de la Guardia Metropolitana, al que se acusa con abundancia de datos precisos, es un hombre con antecedentes, en el doble sentido del término.

Los tiene en la órbita de las denuncias por violaciones a los derechos humanos vinculadas al secuestro de Elena Quinteros, los tiene integrando la «patota» de Gavazzo, en Buenos Aires en 1976 y participando en el simulacro del chalé Sussy, en octubre de ese año. Así conjugaron ellos, durante años, las relaciones entre soberanía y derechos humanos.

Pero, además, tiene antecedentes penales por coautoría, otra vez con el infaltable Gavazzo, de delitos comunes, en actividades como falsificador que le valieron el procesamiento y la prisión en 1995.

Es a este personaje al que se estaría protegiendo con el silencio presidencial.

Si el hecho hubiera permanecido en secreto, como sucedió hasta ahora, sería gravísimo y estaría inscripto en las fundadas denuncias que, acerca de los males del terrorismo de Estado, vienen formulando los que se oponen a la impunidad.

Ese dolor, ese oprobio casi insoportable, ya lo conocemos.

La situación ha cambiado al hacerse pública. Al dolor y al oprobio del terrorismo de Estado le tendríamos que agregar, de ser así, la sordidez que se ha adueñado de las instituciones.

Y la torpe insensatez de los que sueñan que, con estos hechos y estos obscenos criminales, se puede «hacer política», la ridícula ingenuidad de imaginar que se puede actuar «con pragmatismo» frente a la impunidad y salir limpio de la encrucijada. *