Sucesos que preocupan en la Armada Nacional

El ciudadano podría creer lo que dicen Brezzo y Yavarone: todo está bien, las irregularidades están en manos de la Justicia, del asunto no hay nada que oír, nada que ver ni nada que hablar. Claro, si el ciudadano hiciera eso, sería incluido automáticamente en la lista de los que le comprarían un auto usado a Richard Nixon, o algo así. El ciudadano también podría recurrir a los efectos aletargantes y entumecedores del diario El País: según esa «seria» fuente periodística, «tout va très bien», las autoridades se ocupan de todo, «en los últimos tiempos la Armada ha tenido algunos contratiempos» y todo lo que se dice por ahí no es cierto.

Los problemas, no obstante, son lo suficientemente graves para la Armada y para el país como para que «otras fuentes» hayan hecho conocer a LA REPUBLICA y a El Observador otros datos sobre la grave situación que se vive.

El, o los episodios que comentamos, no son de ayer sino del 12 de julio, fecha en la cual, después de una inspección, se detectó un faltante de munición en los arsenales de la Marina. Como consecuencia de esto se dispuso el arresto de un oficial. Ese día el oficial arrestado, un teniente de navío de 35 años, se suicidó de un balazo.

Pese a que han transcurrido casi tres semanas del lamentable suceso, las autoridades de la Armada y del Ministerio de Defensa todavía no han dado intervención a la Justicia.

Según El País, el asunto está en manos de la Justicia Penal Militar, pese a que según reza la Constitución de la República, «los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria«.

¿Cuál es la explicación de las autoridades del Ministerio de Defensa ante esta flagrante omisión?

¿Por qué no se ha permitido el ingreso de los funcionarios encargados del peritaje forense?

El flamante «constitucionalista», ¿qué decimos?, el flamante constituyente Roberto Yavarone ha sostenido que «en estos casos, por disposiciones legales, la que debe intervenir es la Justicia Militar, salteándose alegremente el texto constitucional.

¿Es que para el «jurista» del Ministerio a la Constitución sólo están obligados a respetarla los pichis?

¿Sobre qué conceptos «institucionales» Brezzo, Yavarone y Pazos han construido esta tesitura de flagrante ilegalidad?

¿Se está pensando incluir el robo de munición de guerra entre los delitos amparados por la Ley de Caducidad?

Otros hechos afloran en las crónicas. El Observador ha incorporado otros indicios preocupantes. La munición robada a la Armada Nacional habría sido entregada a algunos particulares. Los mismos formarían parte de «un grupo de fanáticos«, alguno «con antecedentes por compra de armas» y que el periódico, según sus fuentes, caracteriza como de «extrema derecha«.

A estos chicos malos –que hacen prácticas de tiro con munición paga con dinero obtenido con el impuesto a los sueldos– no los ha alcanzado todavía el recorte en los gastos que la administración está aplicando en Salud Pública o en vivienda.

A la vista y paciencia de Brezzo, Yavarone y Pazos, estos grupos civiles y sus contactos militares lo tienen todo. Munición a granel y una justicia propia, «entre colegas».

Todo parece indicar que estamos ante otro tramo de la funesta gestión del ministro Brezzo, un operador forista «multiuso» que desconoce la ley, no tiene ni la menor idea ni sensibilidad acerca de qué es el derecho ni de las obligaciones que el sistema republicano impone a los funcionarios de gobierno.

Su permanencia en el gobierno es perjudicial para la salud de las instituciones. *