La confesión de un ministro

Si los ministros –u otros miembros del gobierno– fueran siempre sinceros, ¡cuánta pena evitarían! Cuánta pena, cuántos costos, cuánta desarticulación en el ámbito gubernativo; y en la sociedad a la cual éste se debe.

Sucede que esto ocurre poco, y esas pocas veces suelen ser desaprovechadas: o no se oye, o se hace como si no se oyera.

Pues bien, ahora es el mismísimo ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Lucio Cáceres, que se sinceró a propósito del beneficio real que quedará para el país –para los marginales del país– de un convenio cercano a los 120 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo.

El préstamo que sirvió de propaganda electoral al Partido Colorado, y que permanece sin concretarse.

De esa cantidad, aseguró Cáceres, tan sólo un 20 % llegará a servir a las necesidades de los destinatarios, los carentes de vivienda. El 80 % de la cifra total servirá a comodidades de técnicos y profesionales, nacionales y extranjeros, que intermedian en la gestión. Arquitectos, planificadores, escribanos que el sistema usa para inventar una certificación de las obras, que se vuelve innecesaria por su costo y lentitud. El costo de su práctica, sin abusos, sería cuestión de estimar, pero se sabe que sería sustancialmente inferior al que en la actualidad se da.

Aunque tarde, se estima en lo que corresponde la actitud del ministro: ha evidenciado un fenómeno perjudicial para la sociedad y su Estado.

Sabemos de otros casos similares que han quedado ocultos en perjuicio de todos. No sabemos que se haya investigado en el sentido de conocer cantidad y calidad de convenios o préstamos que estuvieran o estén en condiciones similares al denunciado. Y millones y millones de perjudicados, pues son millones y millones los que han estado en juego bajo diversas formas y destinos.

Si bien debiera tratarse de dar su castigo a los responsables –bien se sabe que es pedir demasiado– a partir de la denuncia del ministro Cáceres nuestra sociedad y nuestros gobernantes debieran responsabilizarse de que no ocurrieran más los abusos denunciados.

Que la responsabilidad real, ante nosotros, es de nuestras autoridades, sea cual sea la parte que abusa. *