Escraches: un efecto del olvido por imposición

Con motivo del sonado episodio verificado frente al Círculo Militar la semana pasada, corresponde hacer algunas reflexiones. Desde luego que no es intención de esta página editorial tomar partido frente a la práctica de los ‘escraches’, ni mucho menos avalar los excesos verbales y arrojadizos cometidos por los participantes.

No obstante, parece necesario analizar algunos aspectos vinculados con ese hecho. En primer lugar –y como quedó dicho en nuestro editorial del pasado viernes 27–, corresponde señalar alarma ante el ‘fichaje’ de los participantes en la manifestación por parte de elementos pertenecientes a los servicios de inteligencia militar. Son actitudes que nos retrotraen a épocas de duros enfrentamientos y que no hallan justificación alguna hoy en día. No estamos en presencia de una organización subversiva, como parecen hacernos creer los jerarcas gubernamentales, sino ante un grupo de ciudadanos que ejercen su inalienable derecho a expresar su pensamiento. Incluso el número de asistentes no amerita en modo alguno el despliegue tecnológico de que hicieron gala los émulos de James Bond. No intente pues, el ministro Brezzo, justificar su agorero presagio de hace un tiempo, cuando advirtió sobre el riesgo de que ocurran hechos de violencia promovidos por la extrema izquierda; no se pretenda hacer cundir la alarma ni instalar en la sociedad viejos temores, intentando vincular pequeños hechos aislados y espontáneos con la estrategia de una fuerza política. No es ésa una postura que conduzca por el camino correcto.

En lo que tiene que ver con el ‘escrache’ en sí, entendemos que este tipo de medidas surge como último recurso ante la cerrada negativa de los sucesivos gobiernos respecto de allanar el camino a la verdad. Somos conscientes –la sociedad toda y la dirigencia política– de que es imposible pretender que los jueces uruguayos hagan comparecer a los acusados de los peores crímenes. La Ley de Caducidad fue ratificada por la mayoría del cuerpo electoral, por lo que no corresponde insistir con el reclamo de juicio a los delincuentes.

Esa ley de impunidad estableció precisamente que había caducado la pretensión punitiva del Estado, es decir la pretensión de castigar a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura. Esa ley, pergeñada para evitar que el ministro Medina siguiera guardando las citaciones judiciales en su coffre-fort, impidió toda acción de la Justicia y la aplicación de castigo alguno a los responsables de terrorismo de Estado.

Pero al ratificar la ley, el pueblo uruguayo no votó el olvido ni el perdón así como tampoco se pronunció por que se ignorara la verdad. Por ello, en la medida que las autoridades no sólo no exhiben voluntad para investigar sino que en ciertos casos obstaculizan los caminos para llegar a la verdad, nada hay de asombroso en la reiteración de reclamos y manifestaciones.

Desde el retorno a la normalidad institucional y a la vigencia plena de la Constitución y del orden jurídico, nada impidió la investigación de los hechos. Aun aceptando que el Poder Judicial no castigara a los culpables en virtud de la mencionada Ley de Caducidad, hubiera sido perfectamente posible llevar a cabo una investigación que permitiera llegar a ciertas conclusiones. Se podría haber determinado cuáles fueron las responsabilidades que a cada cual le cupieron, se podrían haber asumido culpas y llegar a un pedido de perdón. Algo así como lo que hizo el ex comandante en jefe del Ejército argentino, general Balza.

Desde luego que para un alto porcentaje de la sociedad eso no es suficiente; pero es mucho más que el silencio cobarde o las pretendidas justificaciones absurdas que, como única respuesta, la sociedad ha recibido de las jerarquías castrenses. *