Secuelas de la dictadura aún no resueltas

En junio se cumplió un nuevo aniversario de la disolución del Parlamento, acto final de un largo proceso caracterizado por abandonos sucesivos, arbitrariedades, violaciones de la Constitución, torturas, etcétera. Además, hubo una larga preparación teórica y práctica de esa dictadura militar, que contó con bases ideológicas como la «doctrina de la seguridad nacional», con profesores en tortura, como el señor Dan Mitrione, y con un escuadrón de la muerte, que cometió crímenes jamás investigados.

En este aniversario, más que una reflexión sobre los hechos, importa una acerca de cómo superar las secuelas de la dictadura militar, si lo que deseamos es perfeccionar la democracia.

Hay una Comisión para la Paz que estudia el tema de los desaparecidos, que trabaja intensamente y que sin duda arribará a algunas conclusiones. De todas formas, si no pudiese llegar a la verdad en todos los casos, de la misma manera que la historia tiene una respuesta ante cada desafío –así lo ha señalado el senador Michelini, afirmación que compartimos–, nosotros encontraremos otros caminos para llegar a esa verdad.

Hace unas semanas se planteó la situación de los trabajadores de la empresa Campomar y Soulas.

Estos trabajadores adhirieron a la huelga general que siguió al 27 de junio de 1973, participando de un movimiento cuyo heroísmo, fervor y decisión democrática ya registra nuestra historia. A esa huelga general siguió un decreto de la dictadura, fechado el 4 de julio, que permitió que, sin indemnización y sin pago de aguinaldos ni de deuda alguna, se despidiera a los trabajadores. Por supuesto que ellos tuvieron un abogado que, naturalmente, muy pronto debió exiliarse; por consiguiente, el juicio no prosiguió. En 1985, el Parlamento votó una ley sobre los funcionarios públicos, que no comprendía a los trabajadores de las empresas privadas. En ese entonces la empresa reincorporó a algunos trabajadores, inclusive en categorías inferiores a las que les correspondía, y a otros no. Asimismo, señaló en general que los despidos se realizaron por orden del gobierno, en tanto éste manifestó que había sido una decisión de la empresa.

En esta suerte de doble simetría, que fue una manera de lavarse las manos, los trabajadores pagaron y siguen pagando su actitud por la defensa de la democracia. La realidad es que la situación padecida por esos trabajadores permanece incambiada.

¿No es hora de terminar con su largo calvario? ¿No es hora de que cada Partido diga qué piensa sobre esta injusticia? ¿Acaso alguien cree que podremos consolidar la democracia sin resolver, por ejemplo, el tema de los desaparecidos o injusticias como ésta, que reiteradamente hemos denunciado año tras año?

Entiendo que no podemos olvidar temas como éstos; hay que resolverlos. Insistimos y debemos insistir todos en crear la conciencia necesaria para que haya soluciones para casos como éstos.

En el país tenemos que crear la conciencia necesaria y la corriente de opinión para que las secuelas de la dictadura no pesen sobre muchos hogares, como están pesando sobre algunos de los sobrevivientes de aquella huelga heroica de Juan Lacaze, particularmente los trabajadores de Campomar y Soulas. *