La inserción de las Fuerzas Armadas en la vida democrática

Dos series de hechos marcan en estos días las pautas de los procesos de reinserción de las fuerzas armadas en la institucionalidad de dos países sudamericanos: Argentina y Chile.

En el primero, destaca la decisión asumida por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Ricardo Brinzoni por la cual el pasado jueves el arma interrumpió todas sus actividades, no hizo maniobras y dejó en suspenso todas las tareas administrativas para buscar en todas las unidades militares la existencia de documentación sobre los ciudadanos desaparecidos.

De esta manera el Ejército responde, en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales, con las peticiones formuladas desde la órbita de la Justicia Civil de ese país.

Es de destacar que el centro de las investigaciones castrenses apunta al Batallón de Inteligencia 601, que según distintas fuentes podría ser el principal archivo de la masacre, el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) y el de la Policía de Buenos Aires.

Para Uruguay la indagatoria sobre los posibles antecedentes que perduren en los archivos del SIDE es de gran importancia ya que, como reiteradamente se ha denunciado, fue justamente desde esa dependencia del sistema de represión política argentina, que se trazó el sistema de vínculos con los servicios uruguayos que trabajan en la región en los años 70.

El SIDE argentino está estrechamente vinculado a las operaciones de represión en Argentina contra ciudadanos de otros países a partir de la tristemente famosa «operación Cóndor».

A diferencia de la documentación originada en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde actuaba Ramón J. Camps, que en gran medida se conoce, ni el Batallón 601 ni el SIDE ha dado hasta ahora información sobre las actuaciones cumplidas entre 1976 y 1983.

Como se sabe desde hace ya unos años está planteado el debate entre quienes sostienen que en el Ejército hay información que no se ha entregado a los magistrados que examinan el problema de la desaparición de personas y quienes basándose en declaraciones del último comandante en Jefe de la dictadura, el ultraderechista Cristino Nicolaides, sostienen que, por orden del mando supremo, toda la documentación habría sido destruida.

De todos modos, el hecho que exista documentación no implica necesariamente que ésta vaya a salir a luz a partir de la búsqueda practicada el jueves.

De persistir esta situación, las Fuerzas Armadas de la Argentina seguirán teniendo, agravada, una asignatura pendiente ante la Argentina democrática.

Con rasgos distintos, la situación chilena muestra a la vez rasgos de afirmación de sus instituciones democráticas, el cambio de la titularidad del Poder Ejecutivo con la asunción del dirigente del Partido Socialista Ricardo Lagos y, al mismo tiempo, la presencia como factor de presión de las Fuerzas Armadas.

Ahora se informa que desde el Ejército se ha estado trazando una línea destinada a preservar la impunidad de los oficiales, entre ellos a Augusto Pinochet, que intervinieron en la masacre de opositores conocida como «la caravana de la muerte».

La situación se complica porque se trata de una acción criminal –fusilamiento sin juicio previo de casi ochenta civiles opositores al régimen de Pinochet– que en muchos casos se sustancia como un caso de desaparición, es decir, secuestro agravado.

Como se sabe el delito de desaparición forzada de personas es considerado judicialmente como delito permanente.

En el seno de las propias Fuerzas Armadas chilenas se ha instalado un debate acerca hasta dónde se va a aceptar que, como dice Clarín, el ejército asuma una cadena de crímenes brutales (muchos fueron ejecutados con sables corvos) y todo eso para salvar a Pinochet.

La cuestión –como en Argentina– está planteada en forma abierta, como debate público y asunto de interés nacional. Como un problema de la democracia, es decir de todos.

Sólo en nuestro país las cimas del poder siguen aferradas al silencio, al ocultamiento, al anonimato.

Tarde o temprano esto habrá de cambiar y el país se pondrá a tono con los vientos democratizadores que soplan por todas partes en nuestra América Latina.