Estados Unidos pone trabas al Tribunal Penal Internacional

Hoy se cumplen tres años de la firma en Roma, por parte de más de 100 países, del Estatuto del Tribunal Penal Internacional.

La idea básica de esta audaz iniciativa es la de juzgar bajo pautas de justicia universal a los autores de delitos graves cuando en su propio país no se pueda o no se quiera juzgarlos.

Hasta este momento, según nos recuerda un análisis realizado por la jurista española Prudencia García, de los 139 países que firmaron el tratado, 36 ya lo han ratificado con sendas resoluciones de sus parlamentos.

El Tribunal entrará en vigencia cuando 60 países lo hayan ratificado. El último en hacerlo, hace pocos días, fue Suecia; en nuestro país el tema se está examinando en la Cámara de Diputados.

Pero el Tratado de Roma ha nacido con la expresa oposición de los Estados Unidos.

Tal como hemos referido más de una vez, el tristemente célebre senador Jesse Helms, uno de los promotores del agravamiento del bloqueo a Cuba, ha expresado, con singular belicosidad, desde la Comisión de Asuntos Internacionales su profundo rechazo: «el TPI es un monstruo y los Estados Unidos deben acabar con él. (…) Jamás los Estados Unidos permitirán que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por un Tribunal Internacional».

Helms ha perdido en estas semanas la presidencia de la influyente Comisión del Senado pero este hecho no ha llevado a variar sustancialmente la carencia de apoyo que el TPI tiene en las esferas de poder de los EEUU.

Una prueba de esta actitud es la aprobación del Acta de Protección a los ciudadanos norteamericanos que prestan servicio en distintos lugares del mundo, especialmente a militares y miembros de agencias del gobierno.

Este protocolo, conocido como ASPA por sus iniciales en inglés, estaría destinado especialmente a frenar lo que algunas autoridades de la gran potencia del Norte estiman como una avalancha enfermiza de países dispuestos a ratificar el Estatuto de Roma.

A través del ASPA el gobierno norteamericano, con el apoyo de los congresistas del Partido Demócrata, se propone crear las condiciones para neutralizar al Tribunal Penal Internacional para que este no tenga facultades para operar contra funcionarios norteamericanos.

Los países que ratifiquen el TPI sin incluir una cláusula que excluya a los norteamericanos se verían privados, de acuerdo al ASPA, de asistencia militar.

Los mecanismos previstos por el Estado norteamericano a partir de estos mecanismos desvirtúan de manera ruda el sentido de la existencia de una justicia universal y un tribunal para hacerse cargo de los crímenes contra los derechos humanos.

Resulta una verdadera caricatura de los principios de la universalización de la justicia el hecho que se pretenda excluir a los soldados y funcionarios del Estado norteamericano de las normas que se administrarían para defender criterios de justicia en el ámbito planetario.

La idea que los gobernantes norteamericanos se hacen de su predominio en el concierto universal es tanto o más arrogante que la que tenían los viejos imperios de la antigüedad.

Si la vigencia de un sistema de derechos y garantías de alcance universal tropieza con la obstinada exigencia de nuestros vecinos del norte de que a sus ciudadanos les sea reconocido un estatuto de superioridad sobre el resto de los habitantes del planeta, más allá del exabrupto en el campo diplomático que tal actitud conlleva, las piedras fundacionales de un derecho universal estarán profundamente resquebrajadas. *