Ante la crisis: ¿diálogo o intransigencia?
En un contexto de reformulaciones ideológicas que se plantean en el seno de la coalición de izquierda así como en el Partido Nacional, surgen cada tanto propuestas de diálogo, entusiastas llamados a la conciliación, exhortaciones a grandes acuerdos interpartidarios, como recurso para salir de la crisis.
La que vivimos actualmente –aunque muy distinta de la que se vivía a la salida de la dictadura– ha tenido la virtud de remover en la memoria colectiva la concertación nacional programática –la famosa Conapro– que tantas esperanzas originó en su momento, esperanzas fugaces que pronto se desvanecieron cuando el gobierno colorado –con la gobernabilidad aportada por el otro partido histórico– olvidó sistemáticamente cada uno de los compromisos asumidos.
Parece obvio que en todo acuerdo, conciliación, concertación, pacto, o como quiera llamársele, ambas partes deben estar dispuestas a hacer concesiones que les permitan arribar a la solución deseada. Es sin duda una actitud positiva estar dispuesto al diálogo con los adversarios; sería muy mal visto negarse a esa instancia civilizada.
No obstante, la realidad actual no ofrece un panorama precisamente propicio para entablar un diálogo que conduzca a superar la crisis. No parece factible llegar a un entendimiento entre quienes perciben la realidad de manera tan disímil y proponen dos proyectos de país radicalmente antagónicos. En efecto, ¿cómo conciliar las recetas libremercadistas que sustenta la mayoría de la coalición de gobierno con las propuestas que hacen hincapié en lo social, sustentadas por la izquierda? ¿Cómo es posible llegar a un acuerdo sobre el destino de las empresas públicas entre quienes son partidarios de su enajenación y quienes se han embanderado en su encendida defensa?
¿Sobre qué bases comenzar a dialogar respecto de la política fiscal si una de las partes está irreductiblemente afiliada al principio de aumentar la carga impositiva sobre el consumo y el trabajo para aliviar o exonerar al gran capital, mientras la otra propugna gravar las rentas y los altos ingresos? Son dos concepciones contrapuestas y prácticamente irreconciliables.
Dicho esto, no se concluya que nos estamos pronunciando contra el diálogo. Antes bien, entendemos que el diálogo es una herramienta fundamental y civilizada para dirimir conflictos, resolver contradicciones y arribar a acuerdos; y como tal lo valoramos en su justa medida. Siempre es preferible una mesa de negociación a un campo de batalla. En definitiva, así funcionan las sociedades democráticas.
No obstante, y teniendo en cuenta la tozudez demostrada por el gobierno en cuanto a no apearse un ápice del rumbo económico trazado, es lícito preguntarse cuáles podrían ser aquellos aspectos en que la coalición gubernamental está dispuesta a transar. Asimismo, cabe preguntarse qué concesiones está dispuesta a hacer la izquierda sin renunciar a sus principios.
La tesis sustentada en la máxima ‘La política es el arte de lo posible’ puede resultar altamente peligrosa y lleva a olvidar la sentencia de Leandro Alem: «En política, como en todo, se hace lo que se debe; y cuando lo que se puede hacer es malo, ¡no se hace nada!» *
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