A 25 años del secuestro de Simón

En esta circunstancia, la situación, aunque con un retraso tremendo, se ha modificado para mejor. Mientras dos gobiernos de la dictadura, el de Aparicio Méndez y el de Gregorio Alvarez fueron no sólo indiferentes sino hostiles a la denuncia del secuestro, y los otros dos gobiernos, ya en democracia, no actuaron sino más bien obstaculizaron la búsqueda de Simón, con el advenimiento de la nueva administración el cuadro ha cambiado para bien.

Como en algunas circunstancias sobre el delicado asunto no falta quien “pierda los puntos de referencia”, vale la pena recordar que la búsqueda del niño secuestrado en Buenos Aires se inició de inmediato por parte de los familiares de Sara dado que ésta estaba en prisión.

La búsqueda de un niño desaparecido en la dictadura no era un juego de críquet. En esos años el régimen de terrorismo de Estado instaló una oficina, que funcionaba en la calle Garibaldi, en el ex predio de la Escuela Militar, al mando del coronel Carlos Maynard. Cuando los familiares de Simón y Mariana Zaffaroni, también secuestrada junto a sus padres en 1976, se dirigieron a la oficina, el coronel les alertó acerca de tal solicitud: para las Fuerzas Armadas no había niños desaparecidos. Además, “había que tener mucho cuidado con divulgar esas falsedades pues, como es sabido, la subversión utiliza a los niños para parapetarse en los tiroteos”.

Tampoco fue fácil denunciar la desaparición de Simón y los demás niños uruguayos secuestrados en los años que siguieron: cuando en noviembre de 1978 se dedicaban a difundir en Brasil estas denuncias, dos militantes uruguayos, Lilian Celiberti y Universido Rodríguez, junto con dos niños hijos de la primera, fueron secuestrados por efectivos de la OCOA y trasladados a Uruguay en un camión cerrado de la CADA (Comisión Administradora de Abasto) y luego procesados. Inicialmente, Celiberti y Díaz habían sido candidatos a “desaparecidos”, pero la situación de apertura política que se insinuaba en Brasil generó denuncias y se ejercieron presiones que obligaron a la dictadura a preservar la vida de ambos.

Quince años después del fin de la dictadura, y con unos gobiernos que se mostraron incapaces no sólo de resolver el problema sino de reconocer que existía, la situación ha cambiado.

En nuestro país hay reconocimiento y gestiones oficiales. Esto es muy importante desde el punto de vista ético.

No obstante este significativo reconocimiento hasta el momento, aunque han pasado veinticinco años del secuestro, no hay registro de ninguna actuación encaminada a interrogar a los responsables directos del secuestro: los militares Gavazzo, Cordero y Rodríguez Burati.

Esta significativa omisión resulta más notoria en estos días, cuando en Argentina las actuaciones judiciales del fiscal Miguel Angel Osorio y del juez Rodolfo Canicoba Corral establecen, a través de una documentación de alrededor de 500 páginas, las presuntas responsabilidades criminales de los centuriones del “Plan Cóndor”.

Del voluminoso material testimonial aportado, las autoridades judiciales argentinas han llegado a la conclusión de que era lo suficientemente rotundo como para encarcelar a un ex presidente, el general Videla.

Una documentación lo suficientemente firme como para, a partir de ella, pedir la captura del general Pinochet y la del general Stroessner.

Sobre la base de ese escrutinio judicial ha sido redactado el exhorto que el juez Canicoba envió a las autoridades políticas y judiciales uruguayas. No es ninguna coincidencia que el primer nombre de un represor uruguayo que se pide en el exhorto sea exactamente el mismo acerca del cual el testimonio de la señora Sara Méndez, hace 25 años, fue claro y contundente. *