El país se descalabra

A quince meses de haber asumido el gobierno, el doctor Jorge Batlle no las tiene todas consigo. Es el primer presidente en muchos años que asume –balotaje mediante– con el apoyo explícito de una mayoría que habría de asegurarle ‘gobernabilidad’, el famoso término acuñado por Wilson Ferreira al salir de prisión.

Desde el fin del régimen dictatorial y el consiguiente retorno a la institucionalidad democrática, ambos partidos tradicionales habían llegado a acuerdos para funcionar en el Parlamento. En la segunda administración del doctor Sanguinetti, la coalición tomó forma y se oficializó una suerte de cogobierno con el decidido apoyo del doctor Volonté, a la sazón líder del Partido Nacional.

La introducción del balotaje en el sistema electoral uruguayo tenía por objeto legitimar de alguna manera el gobierno, en la medida que éste sería ungido por la mayoría del cuerpo electoral. Fue una forma de oficializar los pactos tendentes a lograr mayorías parlamentarias sólidas.

En marzo de 2000 el panorama político ofrecía un futuro de expectativas más o menos halagüeñas. Después de cinco intentos frustrados y de más de treinta años de buscarlo, el doctor Jorge Batlle accedía por fin a la primera magistratura. La opinión pública tenía legítimas esperanzas en que la audacia del nuevo presidente sacaría al país del estancamiento.

Sin embargo hoy, después de quince meses de gobierno, la sensación que se percibe en la opinión pública es que el país se desbarranca en un descalabro de todo su potencial como nunca antes se había visto.

Los brotes de fiebre aftosa no fueron sino manifestaciones de una inconcebible negligencia estatal, y las crisis regionales no hicieron sino dejar al descubierto la otra, la crisis estructural que el país viene soportando desde hace demasiado tiempo y que las fuerzas progresistas y los sindicatos han denunciado hasta el cansancio sin que los gobiernos de turno prestaran atención.

Es así que estamos superando nuestra propia marca en niveles de desocupación, en distribución inicua del producto y en bajo nivel de ingresos. Paralelamente, el sector productivo sufre un progresivo deterioro que obliga al cierre de industrias con el consiguiente aumento del desempleo.

En estas circunstancias se produce la clausura, ordenada por el Ministerio de Salud Pública, de dos instituciones de asistencia médica colectiva: MIDU y Comaec recibieron el certificado de defunción, medida duramente cuestionada por el personal (médicos y funcionarios) así como por los asociados.

Desde hace más de cuarenta años, el sistema mutual de asistencia médica viene sobrellevando una crisis estructural latente cuyas manifestaciones periódicas no generan la necesaria toma de conciencia del problema por parte del gobierno.

Esta crisis que ha cobrado sus dos primeras víctimas se inscribe en el contexto de descalabro del país y supone nuevas angustias para trabajadores y pacientes. Las buenas intenciones del ex ministro Fenández Ameglio –devorado por la burocracia y los contubernios políticos– no fueron suficientes para resolver el problema, y hoy el horizonte se presenta cargado de nubarrones que no presagian nada bueno. Una vez más, el impacto social de un modelo económico absurdo y de una administración gubernamental frívola se hace patente en todo su rigor.

El gobierno no tiene pretexto alguno para seguir en esa tozuda inacción mientras el país se hunde y los jóvenes lo abandonan. *