La brasa ardiendo en Chile

La liberación del ex dictador «por razones humanitarias» a partir de una decisión del ministro del Interior británico Jack Straw, técnicamente apoyada en un informe médico a cargo de «reconocidos especialistas» abrió varios escenarios nuevos en el debate acerca de la impunidad y las posibilidades de castigo a los culpables de delitos contra la humanidad que el derecho actual habilita.

Por un lado, resulta evidente la situación desairada en que quedaron las autoridades británicas.

Se puede decir que más de allá de la existencia o no de algún tipo de acuerdo político con las autoridades chilenas y españolas, los omnipotentes funcionarios de la corona fueron ridiculizados por los recursos del engaño, bastante primitivos del taimado militar chileno.

La última palabra la tendrán, en ese escenario, las contingencias políticas y parlamentarias y el balance que sobre el episodio haga el partido laborista en el gobierno.

Por su parte en España, la participación de la cancillería en la solución más proclive a Pinochet también resulta evidente.

No obstante, ha quedado fortalecida la posición asumida por el juez Baltazar Garzón y el cuerpo médico que lo asesoró señalando la insuficiencia del dictamen de los galenos británicos.

El escenario principal ahora se ha desplazado con fuerzas hacia Chile, tal como venía bregando con intensidad su gobierno y particularmente su cancillería.

¿Cuál es la situación hoy en Chile en cuanto al destino de Pinochet?

En primer lugar se tiene la sensación que mientras algunos protagonistas centrales del episodio, como el juez Juan Guzmán Tapia, algunos diputados de la izquierda y las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos tienen muy claro qué es lo que pasa y cuál es su papel, el gobierno habría sido tomado de sorpresa por la naturaleza político e ideológica del recibimiento al ex tirano y los efectos que eso apareja en el relacionamiento de las Fuerzas Armadas con el resto del sistema institucional.

Sobre este punto, en su edición del día de ayer, el diario Página/12 publica una entrevista con el diputado socialista Juan Bustos que arroja luz sobre la situación.

Bustos señala que: «Pinochet siempre se jactó de la forma que engañó a sus adversarios, a Salvador Allende y a sus ministros y (…) ahora creo que esta cuestión de su enfermedad también fue una farsa».

El diputado socialista agrega algunos elementos preocupantes de la situación planteada en Chile a raíz del regreso de Pinochet.

Refiriéndose a la situación que enfrentará el presidente electo, Ricardo Lagos, el próximo 11 de marzo.

Anota la complejidad incorporada a la situación a partir de la actitud asumida por las Fuerzas Armadas de respaldo irrestricto a Pinochet. Según Bustos esto ha hecho retroceder la situación política de Chile que había dado grandes pasos en materia de democratización mientras el ex dictador estaba preso en Inglaterra.

En síntesis: el día lunes 6 de marzo, el juez Juan Guzmán Tapia presentó su solicitud de desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet.

Lo ha hecho en función de 61 querellas criminales presentadas hasta la fecha contra el ex dictador. El pedido de desafuero fue hecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por 24 miembros, al parecer de convicciones democráticas y dispuestos a conceder el desafuero.

En caso de que esto se resuelva así, los defensores de Pinochet pueden recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, cuyas opiniones son más difíciles de pronosticar.

De todos modos queda en pie el renacimiento de cierto protagonismo militar sustanciado en torno a viejo dictador.

La brasa ardiendo está, una vez más, en Santiago.

La batalla se librará en los tribunales, en las cortes, en la prensa y sobre todo en la movilización popular.