Por un referéndum contra la privatización de Antel

La reiteración por parte del presidente del Frente Amplio-Encuentro Progresista, doctor Tabaré Vázquez, de la decisión de seguir adelante con la campaña de firmas en pos de reunir las 620 mil requeridas por la Constitución para someter los artículos 612 y 613 a un referéndum popular ha suscitado, de parte de la derecha, algunas voces de «sorpresa» o de reproche.

Se sostiene que, de acuerdo con las consideraciones y los documentos aportados en un debate realizado en el Centro 1815, la izquierda estaría en la tesitura de participar en acuerdos con las fuerzas políticas del oficialismo con vistas a la incorporación de capitales privados a las empresas públicas y la disposición para que éstas se lancen a la competencia con empresas del sector privado que operan en su área de explotación.

La acción política, que aparece en nuestro país cada vez más trastocada en «política del gesto», con actitudes políticas discontinuas e inconsistentes, parece cada día más un fraseo irresponsable destinado a impactar, durante un instante, a la opinión pública.

Esta modalidad «pour la galerie», reposa, entre otras cosas, en el control casi total de los medios televisivos y en la apuesta constante a que, impactada por una nueva gesticulación, la gente se olvida de los episodios anteriores.

Cuando en el Parlamento Nacional se discutió, a fines del año pasado, el Presupuesto quinquenal, uno de los capítulos que suscitó más polémica fue, justamente, el referido a la eventual privatización de Antel, impuesta con los votos de la mayoría blanca y colorada en ambas cámaras.

En aquella instancia se formularon contra los artículos 612 y 613 toda clase de objeciones por parte de la oposición progresista. La mayor parte de las objeciones eran fundadas, serias, de peso y por un mínimo de seriedad legislativa hubieran merecido otro tratamiento por parte del gobierno. El proyecto de los artículos 612 y 613 –que barren de un plumazo todo lo que se votó en materia de telefonía en diciembre de 1992–fue presentado a los legisladores de la oposición dos o tres días antes de ser votado en Cámara.

El contenido de las normas, además, fue sensatamente impugnado por la oposición como contrario a normas constitucionales muy precisas: al introducir modificaciones sustanciales que exceden el período de vigencia del Presupuesto, la norma es inconstitucional. También se señaló razonablemente que tratándose de una modificación a la carta orgánica de un Ente Autónomo, los artículos que ahora se impugnan, requerían las mayorías especiales que establece la Carta Magna.

Ahora –en medio de un derrame apologético acerca de las grandiosas y balsámicas virtudes del diálogo– se pretende, por parte de los blancos y colorados, hacer cesar la acción iniciada en pos de referéndum, para habilitar una «instancia de discusión y diálogo» entre las fuerzas políticas.

¿Pero acaso se habilitó el diálogo con la oposición parlamentaria en momentos en que se aprobaron los artículos que hoy generan la discordia?

No, no hubo diálogo ni profundización de la discusión. Ni siquiera un tratamiento ordenado de las objeciones formuladas en las tensas discusiones parlamentarias.

Acaso, como resultado de esta pésima práctica, ¿no se produjo el retiro masivo de los legisladores progresistas de sala?

No se fueron de sala porque se estuviera dialogando, precisamente. En este cuadro, resulta por demás evidente que los requiebros y los abrazos que ahora se ofrecen a la oposición progresista no tienen ningún significado si se mantienen las normas que abren el camino para la inconveniente privatización de Antel.

La movilización por un referéndum por Antel es un instrumento político legítimo para enfrentar unas normas legislativas que, a justo título, se consideran inconvenientes para el país y su futuro.

La reiteración, por parte de las autoridades del Frente Amplio-Encuentro Progresista, de la persistencia en la utilización del mismo no es sino la continuidad racional y coherente de la realidad que se creó cuando se impusieron en el Parlamento normas que, según se anunció ya en aquel momento, suscitaban un rechazo frontal por parte de la fuerza política más representativa en ambas cámaras.