Levantar el veto, reparar a los militares y dar otro paso más por la pacificación

El Poder Ejecutivo, con la firma del Presidente de la República y del ministro de Defensa, acaba de vetar el proyecto de ley aprobado en ambas cámaras que busca reparar a aquellos oficiales del Ejército y de la Armada que fueron forzosamente retirados de sus institutos armados por la aplicación del inciso «G» del artículo 129 de la Ley 14.157.

Mecanismo que permitió pasar a situación de retiro obligatorio, sin derecho a apelar, a oficiales generales y superiores por disposición de los miembros de la Junta de Oficiales Generales de la fuerza correspondiente.

Disposición que se ejerció en momentos en que en nuestro país no se respetaba el más mínimo derecho constitucional, permitiendo a los mandos militares de la dictadura contar con un marco normativo para purgar a todo aquel oficial que «comprometiera la unidad de doctrina de las Fuerzas Armadas», que en aquel momento se le denominó Doctrina de la Seguridad Nacional y que intentó justificar a los regímenes que practicaron en la década del 70 el terrorismo de Estado en Uruguay y en otros países de América del Sur.

Con ese maquillaje de «legalidad» se expulsó a oficiales militares por razones ideológicas y también por intereses corporativos.

En la gran mayoría de los casos fueron expulsados militares que se mantuvieron fieles al juramento prestado de defender y sostener la Constitución y el orden institucional. Juramento que hace a la esencia de los valores democráticos y republicanos, que deben primar en un instituto al que la sociedad le dio las armas para proteger a la nación.

Estamos, entonces, ante un gesto de justicia y dignidad con esos oficiales que tienen el derecho a que se les confiera el grado inmediato superior, en situación de retiro, exceptuándose a aquellos que tienen el grado de la máxima jerarquía prevista en el escalafón al que pertenecieron.

Si hubiera excepciones no pueden éstas impedir que se cumpla con este gesto restaurador de nuestros valores democráticos más caros. Porque cuando se desata el terrorismo indiscriminado y masivo puede pasar que algunos de los perjudicados no haya sido la mejor expresión del ejercicio ético y democrático.

Ahora el Poder Ejecutivo aplica el veto sobre este proyecto de ley, contradiciendo así a la política anunciada el 1º de marzo de 2000 por el Presidente de la República en favor de la reconciliación nacional, quien siendo senador votó afirmativamente, el 2 de junio de 1998, un proyecto de ley con el mismo objetivo. En esa oportunidad el doctor Jorge Batlle sostuvo que «estamos dando un paso final con esta decisión, al expresar con toda claridad que es nuestra voluntad decirle al país que aquellos ciudadanos cumplieron con su deber».

Ahora, con fecha del 16 de mayo pasado, el ayer senador y hoy Presidente de la República piensa distinto, actúa diferente e interpreta con otra biblioteca las disposiciones constitucionales y legales que lo llevan a autoimpedir su propia voluntad de «decirle al país que aquellos ciudadanos cumplieron con su deber».

Por nuestra parte, desde el Encuentro Progresista y el Frente Amplio nos comprometemos, por ser fieles defensores de la ley y de la Constitución, a levantar ese veto, así como a seguir bregando por una reparación amplia, para que también puedan ejercer sus derechos otros militares destituidos por razones filosóficas, ideológicas, políticas o por mera arbitrariedad, en tanto ellos fueron –como ha señalado el compañero general (r) Víctor Licandro en reiteradas oportunidades–, quienes sufrieron las mayores ilegalidades, arbitrariedades y vejámenes desde los mandos, tribunales de honor, justicia militar, y desde los respectivos centros militares.

Con la misma energía y con la misma amplitud de miras manifestadas con esta conducta sobre este tema específico es que el EP-FA viene exigiendo desde el retorno de la democracia que se facilite a ex presos políticos y exiliados civiles la posibilidad de alcanzar una jubilación digna, cuando llegue la hora de su retiro laboral. Proyecto anunciado y comprometido desde hace muchos años pero que no termina de llegar al Parlamento.

Vayamos, entonces, a seguir avanzando con el accionar de la Comisión de la Paz en materia de desaparecidos y a una amplia reparación para militares y civiles perjudicados por la dictadura cívico militar, a la vez que ahora damos un paso importante levantando el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.

Como expresaran los universitarios de Córdoba en la década del 50: «Los dolores que quedan son las libertades que faltan».

Para que cada vez haya menos dolores, para que cada vez haya más libertades.

*Representante nacional – Encuentro Progresista-Frente Amplio 738