Acuerdos interpartidarios no llevan a la desmovilización popular

En la compleja agenda nacional, los partidos y los protagonistas del quehacer político se encuentran a menudo con la circunstancia de que hay ciertas coincidencias en el análisis de tal o cual problema y a veces, incluso, coincidencias en los lineamientos de una solución gubernamental o legislativa.

El hecho no es demasiado frecuente dado que, como se sabe, el gobierno nacional presidido por el doctor Batlle cuenta con el suficiente respaldo parlamentario como para que las medidas legislativas se puedan plasmar legítimamente sin el concurso de los legisladores del Frente Amplio-Encuentro Progresista.

No obstante, en algunos temas, como parece ser el caso de Antel, han aparecido –con posterioridad a la sanción de algunas leyes que han suscitado el rechazo categórico por parte de la oposición progresista– puntos que podrían ser base de una coincidencia entre los puntos de vista del gobierno y los de la oposición.

Está claro que si esto ha sido así en el caso de Antel es, a nuestro juicio, palmariamente claro que se debe a la decisión, muy neta y muy inmediata, de la oposición y las organizaciones sociales –el sindicato de los telefónicos, Sutel, el PIT-CNT, la Fucvam, entre otras– de crear las condiciones para la realización de un plebiscito a partir de la presentación de las 620.000 firmas exigidas por la Constitución de la República.

El episodio ha dado lugar a varios comentarios, pero las autoridades del Frente Amplio han sido absolutamente claras, reiterando el criterio de que la eventualidad de un acuerdo con el gobierno en el Parlamento no detiene la movilización popular contra la privatización.

Es razonable que así sea. La lógica de un acuerdo de esta naturaleza es justamente sobre la base de que existe un ámbito donde sea posible la anulación de las normas privatizadoras aprobadas en el Presupuesto quinquenal.

Sólo la espada de Damocles pendiente sobre el destino de la ley forzará a sus defensores del gobierno y de la coalición a avenirse a otra solución que no comporte la entrega al capital privado.

De ahí, a la vez, la sinrazón de las actitudes políticas de «por ahora no firmo, hasta ver si hay o no un acuerdo».

Lo que piensan blancos y colorados ya se sabe. Es lo que votaron a fines del año pasado, pese a los argumentos, las protestas, las denuncias de inconstitucionalidad y hasta las lágrimas de los legisladores de la oposición progresista.

Si hay algo que los haría cambiar es la posibilidad de una consulta democrática a la ciudadanía y el constatar los sentimientos que en ese terreno tiene la mayoría de los uruguayos.

Efectivamente, nuevos hechos han venido a reafirmar la tesitura ampliamente mayoritaria entre los uruguayos de diciembre de 1992 como ser la percepción de que los procesos de privatización en el mundo están cada vez más desprestigiados, como se percibe en la Argentina y también como lo demuestran los hechos, nada menos que con la privatizadas empresas eléctricas del primer Estado del primer país del primer mundo: los apagones en California.

Hay áreas de importancia estratégica, servicios esenciales y empresas de alta rentabilidad que es absolutamente conveniente su permanencia en manos del sector estatal de la economía.

En una palabra, la existencia de ciertas instancias de diálogo en el ámbito parlamentario, no puede justificar en modo alguno el cese de la movilización en pos de un plebiscito que anule las decisiones privatizadoras adoptadas el año pasado. Si mañana hay un acuerdo, bienvenido sea. Mientras tanto, a Dios rogando y con el mazo dando, hay que sumar movilizaciones y expresiones cívicas de rechazo a las privatizaciones. Bregando por el plebiscito quizá se propicie un acuerdo. Y si no hay tal acuerdo, que la decisión quede en manos de la ciudadanía.