Veto a una justa ley de reparación democrática

Aunque se esperaba, la noticia de la decisión del Poder Ejecutivo de vetar la ley de reparación de los militares sancionados en función del inciso «G» de la Ley Orgánica Militar de 1974, ha provocado desasosiego y malestar.

El veto, leído como símbolo o como gesto, no resulta gratificante. El valor emblemático de la acción impacta como un acto de subordinación del poder constitucional a los dictados de la influencia política de los militares, de los mandos militares.

Tal como hemos escrito unos días atrás en estas páginas, se trata de una ley inspirada en estrictos criterios de justicia, de reparación y de buen sentido. Hasta hace algunas semanas, cuando se empezaron a «filtrar» informaciones que hablaban de cierto malestar en los casinos, el proyecto que inicialmente contaba con el apoyo de todos los partidos, y en el que el Partido Nacional puso especial énfasis, era visto por todo el mundo como un acto más, de los varios que se han sucedido en el orden legislativo, destinado a atenuar los quebrantos provocados en las Fuerzas Armadas por el desborde autoritario. A tal punto había sido percibido como un acto justo y pacificador que hasta el diario El País publicó más de un editorial apoyándolo.

El tratamiento legislativo del tema ha sido claro. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados elevó al Plenario un informe por unanimidad firmado por su presidente, el herrerista Francisco Ortiz y José Bayardi, del Frente Amplio-Encuentro Progresista.

Como surge con claridad del documento, el literal «G» del artículo 192 del Decreto-Ley 14.157 de febrero de 1974 fue un instrumento «para alejar de los cuadros activos de las Fuerzas Armadas a aquellos oficiales superiores que comprometían la unidad de doctrina de las Fuerzas Armadas que sostenían al gobierno de facto».

La norma de 1974, de tipo hitleriano, destinada a colocar a los mandos militares al servicio de la dictadura tuvo un efecto práctico contundente: los oficiales que no apoyaban al «proceso» fueron obligados a retirarse. Sobre ese punto, material, tangible, no hay reparación. A esos oficiales, como a tanta gente decente civil o militar, la dictadura les estropeó la carrera y, en cierto sentido, la vida. Y eso es irreparable.

Lo que sí se ha propuesto la norma que, votada en el Parlamento, acaba de ser vetada por el ministro Brezzo y el presidente Batlle, es hacer una reparación simbólica en el campo del honor. Y para esto tiene facultades el Parlamento.

No tienen fundamento las objeciones a la ley fundadas en que interfiere con las potestades del Poder Ejecutivo en la delineación de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas.

El carácter simbólico de la ley actual no genera la reincorporación de los oficiales desplazados ni modifica su casual jubilatoria. No supone pues cargos ni costos. Es emblemática, su significación es de naturaleza moral.

Lo explicó con suma claridad y documentadamente el diputado Guillermo Chifflet cuando el proyecto se discutió en Cámara a principios de mayo: los oficiales leales a la democracia fueron despojados de su carrera. Fueron objeto de persecuciones sistemáticas y mezquinas, como por ejemplo fueron obligados a renunciar a sus cargos docentes dentro y fuera de la actividad profesional.

La sañuda y minuciosa exclusión llevó a que se prohibiera en las Fuerzas Armadas publicar anuncios mortuorios en caso de fallecimiento. Se les prohibió ejercer actividades en el sector privado y más de una vez sus casas fueron allanadas sin orden judicial de ningún tipo a la pesca de algún libro «subversivo», que lógicamente nunca fue hallado.

Como es lógico, no importa de qué filiación son estos oficiales superiores. Son y han sido, en momentos críticos para el país y para las Fuerzas Armadas, leales con la Constitución y leales con su conciencia democrática, que no son atributos menores.

La Asamblea General Legislativa, la más plena y representativa expresión de la soberanía nacional, ha decidido pasar el análisis de las observaciones del Poder Ejecutivo a una Comisión, y volver a considerar el tema más adelante.

Todos somos conscientes del significado de este «forcejeo» institucional. Es de esperar que el Parlamento no afloje.