¿Políticas de Estado o visiones políticas diferentes?

El pasado martes 15 se realizó, con singular repercusión mediática, el seminario promovido por el Centro de Estudios Estratégicos 1815 «Servicios Públicos: aportes hacia una política de Estado». Las intervenciones de los distintos panelistas permitieron apreciar la existencia de algunos puntos en común así como de importantes diferencias entre los enfoques de uno y otro expositor, como no podía ser de otra manera.

Es interesante constatar, no obstante, cómo una parte de los medios de comunicación se esforzaron por presentar el evento del martes como el de una instancia de acercamiento y coincidencias políticas, por encima de los partidos.

Como es lógico, los líderes de los partidos de la oposición, Tabaré Vázquez y Rafael Michelini, expresaron sus puntos de vistas distintos y, en ciertos aspectos, críticos de las líneas maestras de la gestión de los últimos gobiernos nacionales.

Varias crónicas hicieron hincapié en resaltar algunas afirmaciones del presidente Batlle. Sobre todo las referidas a las normas constitucionales que regulan el nombramiento de los directores de los Entes Autónomos, algunos de los cuales, agregó, no saben nada de la materia de que se ocupa la empresa pública que dirigen.

Batlle pidió el apoyo de los demás partidos para emprender una serie de reformas, incluyendo la de la Constitución, de acuerdo con sus puntos de vista.

Significativamente, el Presidente se sitúa como un comentarista recién llegado al país, y un principiante en la actividad política. Parece no tener nada que ver con los directores de los Entes Autónomos, ni con la Lista 15 de cuyo riñón han ido saliendo, desde hace decenios, en escrupulosa cuotificación, los directores –buenos y malos– de los Entes Autónomos.

A la vez, con los votos de los senadores quincistas, que otorgaron las venias correspondientes, fueron nombrados todos los directores de Entes Autónomos en el último medio siglo de la vida del país, con excepción de los años de la dictadura. Todos, es decir no sólo los que «no sabían», sino los que delinquieron.

Dicho de otro modo, como dirigente político, líder de su sector desde mediados de los años sesenta, Batlle tiene una cuota nada desdeñable de responsabilidad en la conformación de los directorios que ahora se juzgan.

Al mismo tiempo, en lo que remite a los inconvenientes o insuficiencias del texto constitucional vigente se podría concordar con el Presidente en el sentido de la necesidad de incorporar normas destinadas de mejorar las condiciones de gobierno y gestión de la administración autónoma.

No obstante, no deberían pasar desapercibidas las expresiones del presidente Batlle. Su diagnóstico no es enteramente suscribible. El problema principal no ha sido tanto la «incapacidad» o la ignorancia de tales o cuales jerarcas de los Entes Autónomos. Lo que ha determinado la mala gestión en los Entes ha sido –con agobiadora frecuencia– el sometimiento de la acción de los directores a las necesidades de clientelismo político. Las imposiciones de comité han determinado que los directores promuevan el ascenso a los cuadros más elevados del escalafón administrativo a personal de acuerdo estrictamente a la cuotificación política, en desmedro de la idoneidad y la experiencia de los funcionarios.

Tampoco en ese terreno la formación político partidaria a la que pertenece el presidente Batlle se pueda considerar como recién venida y absolutamente exenta de responsabilidades.

Finalmente hay otro aspecto que merece ser comentado: el presidente Batlle es crítico con respecto a las disposiciones de la Constitución que regulan el funcionamiento de los Entes. Vale la pena recordar que, a lo largo de su dilatada y fecunda vida política, el presidente Batlle ha participado en muchas reformas constitucionales, como a él mismo le gusta decir.

Cabe preguntarse, a quién hay que atribuirle los males de la reforma de la Constitución que él contribuyó a aprobar, hace casi 50 años.

Y los inconvenientes de que es portadora la Constitución de 1966, a la que Batlle tan entusiastamente dio su apoyo. O, la más reciente de 1996.

Para las fuerzas políticas de izquierda, que nunca compartieron el criterio de la Constitución de 1951 del «3» y «2» para los Entes y que no apoyaron las reformas de 1966 ni de 1996, los criterios de conducción de los Entes no son cuestiones políticamente neutras ni puramente técnicas sino, como dijo Vázquez, una problemática con fuerte sentido político e ideológico.