El gobierno antepone la rentabilidad al trabajo

Daniel Olesker

 

Llegamos al 1º de mayo de 2001 con la situación más grave en las condiciones de trabajo que recordemos haya pasado el país desde el advenimiento de la democracia.

En ese contexto escuchamos cosas que ya lindan lo increíble de las autoridades de gobierno.

Dijo el presidente de la República, lejos de aquí, en Quebec «A Uruguay no le molestan las demandas de los países desarrollados de incorporar al acuerdo cláusulas de defensa del ambiente y del trabajo porque Uruguay está requetebién con las cláusulas ambientales y laborales y mucho mejor con la realidad laboral y ambiental que con las cláusulas».

Sin duda, hablar ante un auditorio que no conoce el país, permite mentir con la facilidad y dimensión extraordinaria con la que lo ha hecho Batlle.

 

Sólo algunas reflexiones para saber qué bien está el mercado laboral y dejo lo ambiental de lado para no extenderme:

* Empiezo por la cifra más dura: de 1.400.000 activos, 750 mil personas tienen problemas de empleo, de las cuales 200 mil están sin trabajo y las demás en empleos de tipo precario

* No existe en Uruguay ley de negociación colectiva. Así que en términos de cláusula laboral estamos muy mal. Porque el Presidente quizás no sepa que en muchos países desarrollados, incluido EEUU, en las compras públicas se prioriza a las empresas que tienen negociación colectiva con sus trabajadores.

* Pero la realidad es mucho peor, ya que el 80% de los trabajadores, es decir cuatro de cada cinco trabajadores, no tienen ámbito de negociación y por ende la mayor parte de nuestros trabajadores no regulan sus condiciones de trabajo sino que se las imponen unilateralmente las patronales.

* Al mismo tiempo, con laLey 16.713 se habilitan las contrataciones de trabajadores como empresas unipersonales, con lo cual pierden derechos sociales y laborales y quedan expuestos a su «suerte de mercado«. Esto es generalizado, pero particularmente importante en los trabajadores de la salud y la prensa.

* No existe en Uruguay ley de fuero sindical, por lo cual los trabajadores están desprotegidos y cualquier intento de organización sindical, en comercios, servicios, rurales, etc., etc., se responde con el despido.

* En Uruguay, casi 500 mil trabajadores no tienen protección de seguridad social, es decir cuatro de cada diez están fuera de la protección de la seguridad social, lo cual constituye una realidad laboral brutal.

* En muchas actividades, muchas de ellas exportadoras, los salarios están por debajo de cualquier estándar internacional y, por ende, actividades como la forestación o incluso el arroz, la carne u otras exportan, entre otras cosas, a costa de los bajos salarios. Y recordemos que ahora se ha planteado por parte del gobierno a los exportadores que promuevan las rebajas salariales otra vez.

* En Uruguay existen discriminaciones muy fuertes en materia laboral, en especial hacia la mujer, más allá de que aquí existe la cláusula de igualdad de oportunidades, pero se respeta poco y nada.

* La legislación de accidentes de trabajo existe pero los controles son escasos y los accidentes, la realidad cotidiana.

 

Dijo el ministro de Trabajo:

«La situación en el país desde el punto de vista laboral venía bien, pero ahora se nos complicó con el tema de la aftosa» Y como muchas cosas para decir no tenía volvió a insistir con los programas de capacitación de la Junta Nacional de Empleo (Junae)

Otra vez hay algo de afuera que nos trae problemas y es la aftosa y a causa de ello los problemas laborales existen en nuestro país. Al mismo tiempo reivindica programas de capacitación que él mismo trabó cuando asumió, para los cuales el gobierno durante los últimos años no puso un peso: todo salió del bolsillo de los trabajadores y de aportes de las empresas; recientemente está aportando una suma misérrima. En realidad, más que una política pública, la capacitación laboral es una política privada hecha con el esfuerzo y el dinero del sector privado.

 

En síntesis, todo lo que se dice es banal y superficial, pero repetido miles de veces puede ser creído por la población.

Pero está claro, no voy a extenderme, en que los problemas del mercado de trabajo en el Uruguay provienen de hace mucho tiempo y fueron agravados por una estrategia de crecimiento económico durante los 90 basada en la apertura externa irrestricta y la desregulación laboral.

Es decir los problemas de la clase trabajadora uruguaya no son por la crisis económica que vivimos (que en todo caso agrava los problemas) ni por el tequila, ni por la aftosa ni por nada de ello. Son problemas que se dan porque la economía crece sin distribuir el ingreso ni mejorar las condiciones de empleo. Es el crecimiento el culpable de los problemas laborales y no la recesión.

Por todo ello en este 1º de mayo los trabajadores hemos planteado a la ciudadanía soluciones al problema del empleo. Sabemos que solas no alcanzan; que es necesario un diseño diferente de la política económica global, pero nos interesaba resaltar medidas concretas para dar un debate concreto.

 

En ese sentido las propuestas del PIT-CNT parten de cuatro principios básicos:

* las medidas laborales deben ser parte de un cambio global de la política económica

* a cada problema de empleo (subempleo, precariedad, desempleo, etc.) una solución y por ello hablamos de un Plan por el Trabajo

* no es por el camino de reducir salarios que se crean empleos, porque en el mejor de los casos (y nada lo asegura) se sustituye un desempleado por un precario.

* Todas las medidas de la política económica deben articularse en torno al empleo, es decir, beneficiarlo o al menos no perjudicar la creación de puestos de trabajo ni empeorar su calidad.

 

Y entonces las diez propuestas presentadas el 1º de mayo son:

1) Reducción del impuesto a los sueldos, pasando del 6 al 2% y del 2 al 1% según se pague ahora.

2) Generalización de la asignación familiar a todos los desocupados.

3) Seguro por Desempleo para el trabajador rural

4) Ley marco de negociación colectiva y fuero sindical y convocatoria a Consejos de Salarios.

5) Incremento de la inversión pública en no menos de 200 millones de dólares al año.

6) Aumento del arancel externo extrarregional para productos de consumo que compiten con la industria nacional al 35%.

7) Reducción de las tasas de interés del BROU en diez puntos.

8) Políticas activas de empleo que premien con líneas especiales de crédito y exoneraciones fiscales la creación de empleo.

9) Aumento de fondos destinados a capacitación laboral

10) Reducción de la jornada de trabajo con igual salario.

 

Sobre esas medidas ya me he expresado en estas mismas páginas reiteradas veces, por ello en próximas notas trataré de extenderme en la consideración de ellas, sobre la base de profundizar las estrategias que deben ponerse en marcha para lograr estas medidas.

Sin embargo quisiera destacar que estas medidas suponen un cambio radical en la política económica y ello supone entonces modificaciones de fondo en los intereses representados en este gobierno, cuya expresión más aguda es el Ministerio de Economía, conducido por quien durante más de quince años representó al empresariado bancario y, por ende, su visión es incompatible con siquiera la posibilidad de emprender medidas de esta naturaleza.

Por todo ello, los trabajado
res y los sectores que viven del mercado interno saben a ciencia cierta que el único camino para lograr estas reivindicaciones es la lucha, es decir la organización y la movilización de las organizaciones sociales que fielmente representan a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad.

* Economista