La aftosa entre nosotros

Enrique Rubio *

 

Tras un largo, trabajoso y costoso proceso iniciado por la década del 70 nuestro país consiguió el reconocimiento de país libre de aftosa sin vacunación en el año 1995 por parte de la Unión Europea, EEUU y otros países, lo que fue ratificado por la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) al año siguiente.

La fiebre aftosa ha sido usada por numerosos países del Norte como una barrera sanitaria para nuestras exportaciones cárnicas, y la condición lograda, si bien no repercutió en un aumento de precios, fue elemento determinante para un aumento importante en el volumen de exportación. Al agregarse a nuestros compradores tradicionales (Unión Europea, Israel, Brasil) otros mercados que aplican la política de «Riesgo Cero» como los países integrantes del Nafta, Japón y el sudeste asiático, las exportaciones crecieron entre un 30 y un 50%.

La aparición de un foco en Artigas fue un sacudón para nuestro país. La rápida respuesta sanitaria consiguió su aislamiento y erradicación, pero el segundo embate del temido virus no demoró, reapareció en Soriano y ya no hubo forma de detener su expansión. Rápidamente se extendió, desbordó las distintas estrategias de contención que se ensayaron, y su expansión obligó a volver a vacunar y a asumir la pérdida de aquel deseado y valioso estatus.

Las dos respuestas del gobierno

Cuando se diagnosticó el primer foco en Artigas la respuesta sanitaria fue la adecuada, y logró el objetivo de aislar el foco y evitar su diseminación. Pero la respuesta social y económica a los productores afectados, y en general a todo el departamento, demostró un quiebre en la necesaria armonía entre el gobierno y la sociedad. A los rodeos se les aplicó el rifle sanitario, pero las indemnizaciones fueron parciales, no tuvieron en cuenta el lucro cesante, y en algunos casos no han sido aún abonadas. Numerosas necesidades de la población, incluyendo algunas de las básicas no tuvieron respuesta, ni siquiera motivaron la preocupación del gobierno. El discurso oficial culpabilizó a los productores afectados, cuando en realidad eran las primeras víctimas, y su actitud de denuncia inmediata fue admirable. Se generó una especie de «enemigo interno» y se llegó a modificar el Código Penal (en la segunda ley de urgente consideración) para agravar las penas y transformar en delito la violación de disposiciones que protejan la salud y la economía nacional.

El foco de Soriano, por su ubicación y por la magnitud que rápidamente alcanzó, exigió flexibilidad de respuesta. Las medidas tomadas desde el punto de vista técnico fueron correctas; pero faltó desde el nivel político una previsión certera de sus resultados, y demoramos muchos días en llegar a lo que todos –con mayor o menor conocimiento– preveíamos: la vacunación total.

Los convenios vigentes

La campaña para la erradicación de la fiebre aftosa tuvo, desde su origen, un encare regional. Como es obvio, Uruguay solamente puede encarar un plan de erradicación en el marco de un acuerdo regional, ya que no tiene barreras geográficas naturales que lo aíslen de sus vecinos.

En el mes de junio del año 1987 se firmó el Convenio de Cooperación Técnica Internacional celebrado entre el gobierno de la República Argentina, el gobierno de la República Federativa del Brasil, el gobierno de la República Oriental del Uruguay y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el control y la erradicación de la Fiebre Aftosa en la Cuenca del Río de la Plata. Este convenio fue posteriormente prorrogado en 1992 y 1997 por lo que se encuentra en plena vigencia.

En él los firmantes se obligan, entre otras cosas, a:

«La comunicación inmediata, oportuna y completa de todos los aspectos relacionados con la conducta de la enfermedad…»(Art. II Nral. 5)

«Argentina, Brasil y Uruguay facilitarán el libre tránsito dentro y entre los tres países a los funcionarios nacionales y consultores pertenecientes al proyecto….» (Art. VIII, Nral 4.1)

«Los gobiernos y la OPS asumirán conjuntamente, a través del Comité de Control y Erradicación la responsabilidad de la evaluación periódica del proyecto durante su instrumentación.

Los gobiernos facilitarán medios de evaluación a la OPS cuando sea necesario, incluso el acceso a registros estadísticos y de otra índole….»(Art. IX, Nrales. 1 y 2)

La conducta de Argentina

Nuestro vecino consiguió ser reconocido por la OIE en mayo de 2000 como país libre de aftosa sin vacunación, pero desde mediados del año pasado circularon versiones sobre la existencia de casos clínicos y de vacunaciones no oficiales en varias provincias argentinas.

Ante la comunicación del 9/8/2000 realizada por el servicio sanitario argentino (Senasa) de hallazgos serológicos positivos, Uruguay solicitó con carácter urgente una reunión extraordinaria del Comité de la Cuenca del Plata. No fue respaldado por Argentina ni por Brasil, países que tomaron medidas bilaterales. En todo momento Argentina negó que se estuviera vacunando. El 22 de agosto no autorizó la visita de una delegación técnica uruguaya a la que se le negó toda información. Una semana después se realizó en Montevideo una reunión extraordinaria y de emergencia del Comité; Argentina no participó de esta reunión, lo que impidió un pronunciamiento sobre la propuesta de implementación de auditorías regionales en las zonas consideradas de riesgo.

Entre el 7 y el 10 de noviembre tuvo lugar la reunión de revisión del Convenio en Río de Janeiro, y en esta reunión se informó de las operaciones de erradicación en Brasil y Uruguay; se acordó en general un procedimiento para dar respuesta inmediata y garantizar la mayor transparencia en la información ante situaciones de riesgo. Esta decisión fue suscrita por los responsables de todos los servicios veterinarios de Sudamérica excepto Argentina, cuyos representantes se retiraron sin firmar el Acta de compromiso, la cual fue recién ratificada por el gobierno argentino en febrero de 2001. Ese mismo mes, en la reunión del grupo técnico Cuenca del Plata, Argentina no participó y recién en la reunión ocurrida en marzo (entre los días 13 y 16) informó de la ocurrencia de aftosa en varias provincias, de la decisión de no aplicar el rifle sanitario y adoptar la vacunación en forma extensa; al mismo tiempo se produjo la renuncia del secretario de Agricultura, la intervención de Senasa y la confirmación pública del prolongado ocultamiento de la situación sanitaria realizada por las autoridades del país.

La debilidad del gobierno de Uruguay

Ante el secreto a voces de que en Argentina había aftosa y que se estaba vacunando, sumado al incumplimiento contumaz de los compromisos asumidos, era evidente que la actitud argentina, de incumplimiento y ausencia sistemática lo que buscaba era ocultar la reaparición de la enfermedad. La transparencia hubiera repercutido negativamente en lo comercial, por lo que Argentina quiso resolver en las sombras el problema. No lo logró, se le fue la situación de las manos y no tuvo otro remedio que reconocerlo públicamente.

Cabe preguntarse cuál fue la actitud seguida por nuestro gobierno, dado que el convenio respectivo está firmado y vigente, y sólo había que hacerlo cumplir. ¿Qué elementos de presión diplomática y comercial se utilizaron para defender el estatus sanitario obtenido por nuestro país? Ante los reiterados incumplimientos argentinos no cabía otra cosa que, por un lado dar un plazo perentorio para su sinceramiento y luego proceder a (o amenazar con) la denuncia pública e internacional, y por otro, pr
oceder a una revisión de la situación sanitaria nacional, porque las campañas de erradicación de la aftosa fueron exitosas sólo en la medida en que fueron regionales. Si uno de los vecinos no cumple con los compromisos, es ilusorio pensar que se puede tener éxito en mantenernos libres del virus. La enfermedad avanzó con firmeza hacia nuestra frontera y nosotros la esperamos «con la guardia baja», sin ninguna prevención sustantiva. Si Argentina hubiera vacunado en la Mesopotamia las chances habrían sido otras; ello habría operado como una franja de contención o aislamiento, como barrera biológica. Seguimos una conducta que de tan cautelosa se tornó timorata, admitiendo los incumplimientos argentinos, lo que nos condujo al desastre actual: la invasión masiva del virus, la pérdida de nuestro estatus comercial y la matanza de muchísimos animales que pudo y debió evitarse. La dureza con la que se trató a los primeros afectados, culpabilizándoseles de la reaparición de la enfermedad y no dando respuesta satisfactoria al sacrificio que se les impuso contrasta fuertemente con la benevolencia respecto a la Argentina, que mintió y ocultó información.

El sueño roto de las 7.000 carnicerías

A todo esto, el señor Presidente de la República andaba por los EEUU con ánimo de abrir una cadena de carnicerías para que nuestras carnes llegaran al consumidor norteamericano Despegado de nuestros socios regionales del Mercosur, el doctor Jorge Batlle se descolgó con una posición tan pro-ALCA que incluyó con singular arrojo la exhortación a los gobiernos latinoamericanos a influir en los parlamentarios norteamericanos para que aprueben el «fast-track»; a la vez que se manifestó con voluntad de negociar directamente y en soledad con los Estados Unidos un acuerdo comercial.

Las explicaciones que se dan a la actitud timorata del país respecto a la Argentina van por el lado de nuestra pequeñez frente al vecino y de los riesgos de represalias comerciales. No son admisibles por principio, pero además nos producen una sensación de pánico respecto a los resultados de una negociación individual con los EEUU, país de mucho mayor poder en todos los aspectos que nuestros vecinos del Plata. Si la forma de negociar es similar a la conducta seguida en el tema de la aftosa, el resultado que nos espera no parece bueno.

Entre los objetivos de ese acuerdo estaban las mencionadas carnicerías, que resultaron un sueño de vuelo corto, frustrado antes de nacer.

El gran país del Norte no acepta carne de países aftósicos. El acuerdo bilateral, promocionado por el doctor Batlle, necesitará de otra carnada para hacer morder el anzuelo.

* Senador (VA, EP-FA)