La cancha sigue flechada

Goy Viera Silva

 

Cuando decimos que la cancha está flechada es porque el productor rural ha perdido todos sus derechos. Se pretende hacer creer al país que al productor hay que guiarlo en todos sus actos, como a un incapaz. Con ello se trata de justificar el envolvimiento (empaquetamiento) del productor en una serie de normas legales (y de las otras) que tienden a favorecer a otros sectores. En este caso de la aftosa –cuyo brote es en gran medida culpa del gobierno– el Poder Ejecutivo se ha arrogado el derecho de tomar una decisión empresarial que, si no existiera un conjunto normativo tramposo, correspondería al sector agropecuario tomarla. Todos sabemos que INAC (Instituto Nacional de Carnes) desde que fue creado, ha ocultado al productor los precios de la carne exportada por los frigoríficos. La información publicada en la prensa es incompleta, no fiable. Se ha dicho que previo a nuestra entrada al circuito no aftósico los precios internacionales bajaron. ¿Cómo es que el precio de la carne al consumo en dichos mercados no bajó? ¿Quién se traga la diferencia de precios del circuito no aftósico? Es sugestivo el hecho de que ya hay capitales norteamericanos en la industria frigorífica uruguaya. Lo concreto es que los productores rurales nunca vieron un solo centavo de la diferencia de precios del circuito no aftósico y el gobierno sigue favoreciendo al monopolio de la industria frigorífica. Por supuesto. Este es un gobierno autoritario. Con frecuencia lleva adelante acciones contrarias al sentir o a los intereses de las mayorías. Es muy fácil a través de la violencia aplicar el rifle sanitario que beneficia sólo a la industria, y no indemnizar a los propietarios del ganado. Miremos nuevamente hacia el departamento de Artigas. En ese caso, el rifle fue aplicado debido a circunstancias diferentes a las actuales con justeza y racionalidad en el accionamiento técnico y físico inmediato. Pero… ¿No tiene el gobierno el más mínimo asomo de pudor, responsabilidad, sentido del derecho y la decencia, abandonando a los productores afectados, bajo los efectos terribles de una medida unilateral tomada contra su propiedad? Cuesta encontrar el calificativo para esto, que ahora se quiere repetir en el nuevo brote aftósico. Creemos que el rifle sanitario ha sido aplicado hasta la llegada del punto de inflexión correcto.

Pero también creemos que, ética por medio, debe indemnizarse muy largamente a los propietarios del ganado sacrificado, en todos los casos, incluso los de Artigas. Tal parece que, el libre mercado implica que el productor rural no es dueño de su capital. «Mientras no me moleste a mí y a los míos, hay mercado libre, pero si no estoy de acuerdo con tu manejo, no lo hay e intervengo». Así parece hablar el gobierno a través de sus actos. Nosotros agregamos que para intervenir en este caso, hay que pagar, habida cuenta de los perjuicios sobre la propiedad ajena. A esto último agregamos las palabras del Ministerio de Ganadería una vez cundida la epizootia, diciendo que por carencias presupuestales y humanas los medios fueron insuficientes, para atajar el ingreso de la aftosa al país. Con esta inefable afirmación a esta altura del partido, sumada al daño económico y síquico ocasionados (este último incuantificable) creemos que se avecinan muchos juicios contra el Estado. Nuestros dirigentes tienen un torpe sentido de la imitación de sistemas foráneos.

El rifle sanitario al igual que otras muchas cosas emuladas, pierde sentido ante la contextura nacional y ante su propia modalidad de aplicación criolla. Para que en el primer mundo el Estado pudiera llevar de la mano como un «guía» al productor rural en todas sus acciones, primero tuvo que subsidiarlo, y convertirlo en un niño mimado por el resto de los sectores, que reconocieron en la agropecuaria la actividad que sustenta al planeta. Así surgió el aumento productivo, simultáneamente con un sentimiento agropecuario de aquiescencia a dejarse conducir por un estado defensor, aún en las más amargas instancias, sabedor -el productor de que el criterio oficial establecido a priori, atendería todos sus derechos.

Acá, en su gran coto, el Dr. Batlle pretende cazar vacas ajenas sin pagar su gran costo.

Repetimos que, hasta su punto de inflexión, corresponde el uso del rifle sanitario. Pero hay que pagar, y muy bien. En forma integral y orgánica.

La aftosa no es un problema de salud pública. Es un problema económico.

Es una barrera no arancelaria. Entonces es una aberración económica, social y legal, perjudicar económicamente a los propietarios del ganado sacrificado. Es un juego muy peligroso que arriesga a que se acumule odio. Hemos escuchado voces con intenciones violentistas de llegar hasta las últimas consecuencias para impedir el rifle. Además del daño moral y material en cuestión, la gente trasunta –aparentemente– como que el gobierno es una patota copadora que después de llevarse todo, deja sus deyecciones en el living.

* Productor agropecuario