¿Veto a una ley democrática?

La ley recientemente aprobada en la Cámara de Diputados destinada a reparar, desde el punto de vista simbólico y del honor, a los militares perjudicados por la dictadura tiene sobre sí la amenaza de un veto por parte del Poder Ejecutivo.

Nos adelantamos a decir, frente al extendido «panglossianismo» existente en torno a temas de esta naturaleza, que, por supuesto, la aplicación del veto es perfectamente constitucional: al Poder Ejecutivo le asisten plenos derechos para hacerlo, etcétera.

El problema de fondo, sin embargo, muestra –de parte de los titulares actuales del gobierno– una actitud más conservadora, menos liberal y de mayor indulgencia con los militares del proceso dictatorial que la asumida por el propio gobierno de Sanguinetti, que dio, contra la opinión de los mandos militares, pasos decisivos en la reparación de los militares frenteamplistas.

Los argumentos esgrimidos por el titular del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Brezzo, serían dignos de examinar si, como él dice, la Ley modificara la composición de los cuadros superiores de la Armada. Según Brezzo, con esta Ley «se generarían más cargos de contralmirante que los que hubo en toda la historia de la armada nacional».

De acuerdo con la información disponible y las declaraciones públicas del Presidente de la Comisión, el diputado herrerista Francisco Ortiz, de lo que se trata es de una medida que apunta a reparar los perjuicios que provocó el pase a retiro a que se obligó a unas decenas de oficiales durante la dictadura.

Se trata de oficiales que no acompañaban el proceso y que, mayoritariamente, pertenecen a los partidos tradiciones.

El mismo diputado Ortiz ha dicho más de una vez que la Ley, aprobada con los votos de todos los partidos menos el Colorado, no supone gastos al Estado, en la medida que se trata de una decisión destinada a «conceder el honor» a los oficiales desplazados.

No se trata de la reincorporación a la vida activa en el orden militar, por supuesto, sino del reconocimiento, por parte de las instituciones de la democracia, de la injusticia cometida por los militares de la dictadura. «Se termina con esta ley, ha dicho el diputado encuentrista Guillermo Chifflet, con una arbitrariedad, con una injusticia y una ilegalidad propia de una dictadura sombría, quizá la más sombría que vivió el país en su historia».

De confirmarse la versión periodística que atribuye al gobierno del doctor Jorge Batlle la intención de vetar la Ley de Reparación, estaríamos ante una situación delicada, con elementos conocidos –la tesitura de unos mandos militares que siguen pensando de manera muy parecida a como pensaban durante la dictadura– y otros nuevos: el actual gobierno que se proponía avanzar en la creación de una situación nueva desde el punto de vista de la reconciliación nacional, aparecería, tanto o más que los gobiernos anteriores, como acotado y presionado, en forma solapada e ilegítima, desde la cúpula militar.

Desde el punto de vista institucional, las discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento tendrán una instancia de sinceramiento cuando –si se produce el veto– sea convocada la Asamblea General Legislativa que, por tres quinto de votos podría «levantar» las observaciones (vetos) presidenciales.

Está en juego algo más que la situación de 50 o 60 oficiales cuya carrera fue bloqueada y cuyo honor fue mancillado por la dictadura. Como cuestión simbólica, la cuestión de la ley de reparación será una suerte de «termómetro» de la temperatura democrática en el sistema político vigente.

El contenido democrático de la ley es evidente. La inconveniencia de ceder ante las presiones solapadas que se ejercen sobre las instituciones es también muy clara.